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AI denuncia despido arbitrario de 100.000 empleados turcos

22 de mayo de 2017

Más de 100.000 funcionarios y empleados del sector público de Turquía han sido condenados a la miseria bajo acusaciones genéricas de "vínculos terroristas", denunció Amnistía Internacional (AI).

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Protesta contra el despido de académicos, en Ankara (febrero, 2017).
Protesta contra el despido de académicos, en Ankara (febrero, 2017).Imagen: Getty Images/AFP/A. Altan

En un informe difundido este lunes (22.05.2017),  la organización de derechos humanos concluye que son "arbitrarias" las medidas de despidos masivos que el Gobierno turco empezó a aplicar tras el fallido golpe militar del pasado julio bajo el argumento de purgar las instituciones de elementos golpistas.

Los afectados están condenados a la "aniquilación profesional" porque, tras ser expulsados, es prácticamente imposible encontrar trabajo en el sector privado, temeroso de contratar a personas señaladas como enemigos políticos. Tampoco pueden emigrar, porque el decreto de expulsión conlleva también la anulación de su pasaporte y, a veces, de los de sus familiares.

Aunque AI admite que algunas expulsiones, como las de soldados que participaron activamente en el golpe, puedan estar justificadas, los afectados no han recibido información concreta sobre sus casos, y simplemente se encuentran que su nombre aparece en una lista que les atribuye "vínculos con el terrorismo".

Sin Justicia

Los tribunales se han negado a admitir a trámite los recursos contra las medidas y desde abril un decreto prohíbe formalmente recurrir a la Justicia. El Gobierno ha anunciado en las últimas semanas la creación de una comisión de siete miembros que revisará los casos, una medida que AI considera totalmente insuficiente. Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta peticiones de los afectados, al considerar que no han agotado aún la vía judicial local.

Entre los despedidos hay 8.000 militares, pero también 24.000 policías, 33.000 profesores o empleados del Ministerio de Educación, 6.000 médicos y empleados del Ministerio de Salud, 5.000 académicos, 4.000 jueces, fiscales y personal de la Judicatura y 3.000 empleados de la oficina del primer ministro, según el recuento de AI.

Acusación genérica de "vínculos terroristas"

En muchos casos, la acusación genérica de "vínculos terroristas" hace referencia a una supuesta cercanía a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, que Ankara considera instigador del fallido golpe.

Fuentes del Gobierno señalaron a AI que esta cercanía se podía establecer, por ejemplo, porque los afectados tenían cuentas en Bank Asya, un banco parte del conglomerado empresarial de los gülenistas, o cancelaron su suscripción a un proveedor de televisión cuando este puso fin a la emisión de canales de la cofradía.

Pero hay también numerosos académicos despedidos aparentemente por firmar un manifiesto a favor de la paz con la guerrilla kurda, así como sindicalistas de la izquierda, un sector opuesto al movimiento gülenista (efe).