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Alemania camina hacia la liberalización del aborto

Christoph Hasselbach
11 de abril de 2024

Una comisión encargada por el Gobierno alemán estudia la posibilidad de que el aborto deje de ser sancionable en las doce primeras semanas de embarazo.

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Una mujer con mascarilla sostiene un cartel en el que está escrito el mensaje "Mi cuerpo me pertenece", en alemán, frente al edificio del parlamento del Estado de Turingia.
Hasta ahora, un aborto queda exento de castigo si se realiza en un plazo de tres meses y la mujer embarazada ha recibido asesoramiento previo.Imagen: Martin Schutt/dpa/picture alliance

El aborto en Alemania, regulado por el artículo 218 del Código Penal alemán, está prohibido y se considera un delito penal. Sin embargo, un aborto queda exento de castigo si se realiza durante los tres primeros meses de gestación y la mujer embarazada ha recibido asesoramiento previo. También está expresamente permitido tras una violación o si la vida o la salud física o mental de la mujer corren peligro.

Este escenario legal tiene unos 30 años y supuso largos y acalorados debates. Ahora, la coalición alemana de gobierno, formada por socialdemócratas (SPD), Los Verdes y los liberales del FDP , aborda de nuevo la cuestión, con el objetivo de liberalizar el aborto.

Penalizar el aborto "estigmatiza a las mujeres"

Una comisión convocada por el Gobierno alemán ha elaborado recomendaciones al respecto. Según la publicación alemana Der Spiegel, se recomienda suprimir la ilegalidad fundamental del aborto en las primeras fases del embarazo por razones de derecho constitucional, derecho internacional y derecho europeo.

La comisión considera que el límite de la legalización debe ser cuando el feto es viable por sí mismo, es decir, a partir de la semana 22 aproximadamente desde el inicio de la última menstruación. A partir de ese momento, el aborto debe seguir siendo ilegal, salvo en caso de violación o peligro para la vida de la embarazada.

La política del SPD Katja Mast explica que es una diferencia decisiva respecto al escenario actual, ya que abortar de forma temprana puede dejar de ser un delito penal: "Creo que la regulación del aborto no pertenece al Código Penal porque, en mi opinión, estigmatiza a las mujeres".

La Iglesia católica, preocupada

Iglesias y organizaciones han reaccionado de forma muy distinta, lo que muestra lo polarizada que está la sociedad con este tema. El obispo católico Heiner Koch preferiría mantener la normativa vigente porque "defiende tanto la necesidad y el cuidado de la madre como la protección del feto", dijo a la Agencia Católica de Noticias.

Por el contrario, la asociación alemana Pro Familia celebra las recomendaciones y aboga por la despenalización total del aborto y la supresión del asesoramiento obligatorio.

¿En contra del Gobierno?

Políticamente, la oposición está del lado conservador. Friedrich Merz, líder del mayor partido de la oposición, el democristiano CDU, advierte al Gobierno de que no debe "suscitar un gran conflicto social" mediante una reforma. En una entrevista en otro periódico, Dorothee Bär, del partido hermano bávaro, la CSU, también expresó su "perplejidad por el hecho de que la protección de la vida del niño nonato aparentemente ya no desempeñe ningún papel", dijo.

El partido ultraderechista AfD también argumenta su rechazo a la liberación, basándose en la protección de la vida de los nonatos.

Por otro lado, el partido de La Izquierda (Die Linke) pide al Gobierno que convierta las recomendaciones en un proyecto de ley y lo presente pronto. Si la coalición sigue por este camino, la CDU/CSU y la AfD presumiblemente se unirían a la hora de votar en el Bundestag, un problema para los primeros, ya que por lo demás, el partido había erigido un "cortafuegos" contra la AfD.

La "prohibición publicitaria" del aborto, anulada

El Gobierno ya ha aplicado o está aplicando otros planes relacionados con el aborto. De momento, se ha derogado el párrafo 219a, la llamada prohibición de hacer publicidad de los abortos.

Mientras, la legislación para prohibir el llamado acoso en las aceras está en trámite parlamentario. Se trata de penalizar de alguna manera las protestas de activistas antiabortistas en las inmediaciones de centros de asesoramiento, hospitales o consultas médicas que ofrezcan orientación o practiquen abortos. En el futuro, se considerarán una infracción administrativa.

(aa/ms)