Denuncian a 21 funcionarios por caso de francesa Cassez en México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra 21 funcionarios que participaron en el montaje televisivo de la captura de la francesa Florence Cassez, que recobró su libertad tras haber sido condenada por secuestro en México.

La denuncia de la Comisión, que interviene ante casos de supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades o fuerzas de seguridad federales, involucra al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y otros 20 funcionarios de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Según indicó la CNDH, los funcionarios contra los que se presentó la denuncia se negaron a proporcionar la información que requirió sobre el caso. La CNDH indicó, en la investigación que realizó por el caso, que encontró que se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia de las víctimas del delito, privadas ilegalmente de su libertad.

Además, dijo que observó que las anomalías registradas durante la captura de Cassez tuvieron como consecuencia que las víctimas no tuvieran acceso a la justicia ni a la reparación del daño y que la Suprema Corte de Justicia determinara el 23 de enero pasado la libertad de la extranjera, condenada a 60 años de cárcel, "no por ser inocente del delito, sino por violaciones al debido proceso".

"Con su actuación los servidores públicos omitieron desempeñar sus cargos con la debida diligencia y pasaron por alto los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que establece la Constitución Política de México", indicó esta semana en un informe.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, indicó que en los hechos se observó que los agentes de AFI, quienes realizaron la captura, no dieron protección adecuada a las víctimas del delito e hicieron, con esta conducta, "nugatorio su acceso a la justicia".

Las principales irregularidades que detectó la CNDH en el caso fueron: omisión de los deberes de cuidado; inobservancia del principio de debida diligencia y negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron, lo cual derivó en una violación al debido proceso.

En el informe la Comisión hizo cinco propuestas para que se investiguen los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron diversos servidores públicos, agentes de la PGR y agentes del Ministerio Público de la Federación.

Pidió igualmente que la PGR instrumente medidas cautelares necesarias para salvaguardar los derechos de las víctimas del caso, así como que las investigaciones se lleven a cabo hasta la total detención de los responsables (dpa).