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La infanta Cristina será juzgada como cómplice de su marido

29 de enero de 2016

La defensa de la hermana del Rey de España había pedido que no fuera juzgada, al haber sólo una acusación popular en delitos fiscales. Desde la casa real expresan "absoluto respeto a la independencia del poder judicial".

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Spanien, Infanta Cristina
Imagen: Getty Images/C. Cladera

La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, vio desvanecerse la última oportunidad que le quedaba para evitar ser juzgada en el proceso por corrupción que arrancó el 11 de enero en Palma de Mallorca conocido como 'caso Nóos'. El tribunal que la procesa, junto a su marido y otros 16 acusados, rechazó esta mañana (29.01.2016) la petición de su defensa y del fiscal de que se le aplique la conocida como "doctrina Botín", que fija que nadie puede ser juzgado por un delito fiscal si no lo acusa la fiscalía ni la abogacía del Estado. Estas habían previamente declinado presentarse como acusación.

Cristina de Borbón, de 50 años, se convirtió el 11 de enero en el primer miembro de la casa real española en sentarse en el banquillo de acusados, como cómplice de su marido, Iñaki Urdangarin, en la evasión de impuestos de fondos conseguidos ilícitamente. El juicio, que previsiblemente se extenderá hasta junio, se retoma el 9 de febrero, cuando comenzarán a declarar los acusados. La infanta lo hará al final de ese mes. Según el diario monárquico ABC, la Casa del Rey ha expresado su «absoluto respeto a la independencia del poder judicial».

Cooperadora necesaria

Urdangarin, de 48 años, está en el centro de un entramado que logró presuntamente suculentos contratos de administraciones públicas aprovechándose de su condición de yerno del anterior monarca. El caso hizo tambalear los cimientos de la monarquía española y contribuyó decisivamente a la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo hace año y medio.

Cristina está inculpada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales que podría haber cometido su marido, según la acusación popular (ejercida por la organización Manos Limpias), que pide ocho años de cárcel para ella. Es copropietaria junto a Urdangarin de una de las empresas a través de las que se ocultó dinero al fisco.

LGC (dpa / EFE / ABC)