1. Ir al contenido
  2. Ir al menú principal
  3. Ir a más sitios de DW

El homicidio de Aidé Nava vuelve a convulsionar a Guerrero

Enrique López Magallón (CP)12 de marzo de 2015

El asesinato de una candidata a alcaldesa en Guerrero, México, amenaza con empañar el proceso hacia las elecciones del 7 de junio. Esclarecerlo totalmente es obligación de las autoridades, dicen defensores de los DD.HH.

https://p.dw.com/p/1Eq68
Imagen: Getty Images/Afp/Pedro Pardo

En México se llevarán a cabo elecciones intermedias el 7 de junio próximo. Se renovarán casi 2.000 cargos públicos, incluyendo 500 diputados federales y cientos de alcaldes. El estado de Guerrero, donde además se elegirá al nuevo gobernador, es uno de los puntos de México donde se registra un panorama preelectoral más convulsionado.

Por una parte, existe una amplia movilización de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), que desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha llevado a cabo numerosas manifestaciones y bloqueos de carreteras para protestar por esos sucesos. En una de las marchas, realizada en el puerto de Acapulco, murió un maestro, hecho por el que la CETEG responsabiliza a la policía local. En cuanto a las elecciones de junio, en las cuales habrá de renovarse la gubernatura de Guerrero, así como alcaldías y escaños parlamentarios estatales, la CETEG demanda no realizar la votación.

El crimen reclama poder

Por otro lado, en este mismo marco electoral, grupos delincuenciales parecen aprovechar este panorama político para enviar "mensajes" a los posibles nuevos funcionarios. El asesinato y decapitación de Aidé Nava es un ejemplo extremo. La banda “Los Rojos”, rival de los “Guerreros Unidos” (a los cuales la fiscalía mexicana atribuye el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre pasado), no escogió a un funcionario sino a una candidata: Nava, del socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD) aspiraba a ocupar la alcaldía de Ahuacuotzingo, población ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de Iguala. Junto al cadáver de ésta, los asesinos dejaron un mensaje que conecta directamente el crimen con la realización de las próximas elecciones: los políticos que “no se quieran alinear” al poder del crimen organizado local correrán la misma suerte que Nava, según la nota atribuida a “Los Rojos”.

“En el caso de Aidé Nava, es evidente que no se rindió ni pactó o no aceptó las condiciones que le querían imponer”, manifestó a medios mexicanos el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya. El Estado, dijo, “debe tomar acciones para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, y en este caso de los candidatos que, por estar en campaña, son blanco fácil de la delincuencia”.

Protesta por los estudiantes desaparecidos cerca de Iguala
Protesta por los estudiantes desaparecidos cerca de IgualaImagen: Reuters/J.D. Lopez

Desde Chilpancingo, Adelaido Memije, de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, también manifiesta indignación. Entrevistado por DW, dice: “Hacemos un llamado a fiscalía para que se esclarezca cuanto antes este crimen. De lo contrario, se podría empañar el proceso electoral en que nos encontramos”.

El entrevistado rechaza especular sobre el posible trasfondo político del asesinato; señala que lo más importante es que se realice una investigación transparente, para que no queden dudas sobre los motivos y autores del homicidio.

Una historia guerrerense

En años anteriores, Aidé Nava había sufrido ya las consecuencias de la violencia política en Guerrero. Su esposo, un exalcalde de Ahuacuotzingo, fue asesinado en 2014 por hombres armados en la misma carretera donde se encontró esta semana el cuerpo de la excandidata. En 2012, el hijo de Nava fue secuestrado y desde entonces está desaparecido.

En esta historia familiar surge así el segundo gran factor que pudo haber pesado en la muerte de Aidé Nava: la violencia general en Guerrero. Según cifras oficiales, en 2014 ocurrieron ahí 1.514 asesinatos. La tasa de homicidios en ese estado, 42.69 por cada 100.000 habitantes, es la más alta del país.

La Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, dice Memije, reprueba toda forma de violencia, “pero en este momento es especialmente crucial evitarla, para que las elecciones se lleven a cabo en total transparencia. Y sobre todo, para que sucesos tan lamentables no se repitan”.