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Evo Morales prepara nueva demanda internacional por acceso al mar

DPA21 de marzo de 2012

El mandatario pronunciará el próximo viernes un mensaje con ocasión del "Día del mar boliviano", ante la expectativa sobre el futuro de la demanda.

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Imagen: dapd

El presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una ecuación marcada por la campaña de su reelección y la obligación constitucional de denunciar el tratado que fijó los límites con Chile tras el conflicto bélico del siglo XIX, que dejó a su país sin costas en el Pacífico.

La Constitución boliviana, que declara "irrenunciable" el derecho de un acceso soberano al mar, ordena -en la disposición novena transitoria- denunciar los tratados internacionales contrarios a su mandato hasta el 7 de febrero de 2013, una acción que, en el caso de Chile, ya fue anticipada hace un año por el propio Evo Morales.

"Tenemos confianza, nos asiste el derecho y la razón, de que un tribunal internacional pueda solucionar el enclaustramiento marítimo boliviano", declaró esta semana a medios oficiales el ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, aunque sin detallar estos plazos legales.

Morales pronunciará el próximo viernes un mensaje con ocasión del "Día del mar boliviano", ante la expectativa sobre el futuro de la demanda, mientras las conversaciones políticas entre La Paz y Santiago, que fueron intensas entre 2005 y 2011, se mantienen ahora congeladas.

"No queremos que esta fecha sea un punto de llegada, sino más bien que sea un punto de partida, para que profundicemos en la historia, en el civismo y el espíritu de reivindicación", declaró el ministro boliviano de Culturas, Pablo Groux.

El experto boliviano en asuntos internacionales, Gustavo Aliaga, cree que el presidente Morales anticipó el anuncio de la demanda contra Chile porque en 2013 el clima político de su país no será el más adecuado, por efecto de la fase previa a las elecciones generales de diciembre de 2014.

Morales -en el poder desde 2006- puede postularse para ser elegido por tercera vez gracias a los cambios constitucionales promovidos durante su gobierno, según afirmó en varias ocasiones el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

Además, a fines de marzo de 2013, se inicia la etapa del debate oral en el juicio planteado por Perú a Chile en La Haya sobre una delimitación de un área de mar territorial que atrajo la atención de Bolivia porque en los años setenta negoció una salida al mar por esa zona disputada, ubicada al norte de la ciudad chilena de Arica.

"Todos los juicios de La Haya de los últimos 10 años han sido soluciones por equidad y creo que Chile y Perú van a hallar una solución equitativa", dijo a dpa Gustavo Aliaga al destacar el alto grado de confianza política que existe entre Lima y Santiago y que se ratificará en Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) de junio próximo, que se realizará en Bolivia.

El experto cree que Evo Morales puede agotar en esa cita internacional "la última opción de buscar una solución a la demanda marítima" sin tener que llegar a juicio.

"Si Bolivia demanda a Chile en 2013 se cerrará una puerta y ya no será esta generación la que tenga la llave para abrirla, porque habrá que reformar la Constitución", dijo Aliaga.

También sugirió promover una resolución en la OEA con Perú y Chile a favor de un acceso marítimo para Bolivia y abrir un debate sobre un polo de desarrollo entre los puertos del norte chileno y el sur peruano, una estrategia que, según Aliaga, tiene base legal en un tratado de límites de 1929. "La clave es buscar primero a Perú", remarcó.

Cuando la Asamblea de la OEA sesionó en La Paz -en 1979-, el organismo internacional aprobó una resolución en la que declara de interés regional la demanda marítima de Bolivia al tiempo de instar a La Paz y Santiago a dialogar.

Por su lado, Bolivia ha logrado acuerdos con Perú para que pueda administrar una zona portuaria, ubicada en Ilo al sur de Lima, donde además se edifique una escuela de la Fuerza Naval boliviana, dedicada a la instrucción y la investigación científica, aunque ésta última concesión aún no tiene aprobación del Congreso peruano.