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Filipinas para su guerra contra la droga para purga policial

30 de enero de 2017

El presidente del país, Rodrigo Duterte, suspendió temporalmente su cruzada para centrarse en eliminar la corrupción policial tras el asesinato de un surcoreano en el cuartel general de la Policía Nacional.

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Ronald dela Rosa Polizeichef Filipinas
Ronald dela Rosa en una imagen de archivo.Imagen: Picture-Alliance/dpa/EPA/M. R. Cristino

"Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la limpieza interna, y cuando se solucione el problema, el Presidente nos ordenará que volvamos a la guerra contra las drogas. Pero de momento, no más operaciones antidroga", afirmó este domingo (30.01.2017) el jefe de la Policía, Ronald dela Rosa, en un discurso en el cuartel de Campo Crame en Ciudad Quezón. "Disolveremos todas las unidades antidroga de la policía", anunció como medida necesaria para "reconstruirlas".

Dela Rosa realizó el anuncio después de que Duterte reconociera que la Policía filipina es "corrupta hasta la médula" y prometiera enfocar sus esfuerzos en "limpiar" la institución llevando a cabo una investigación exhaustiva para señalar a los agentes implicados en actividades ilegales. El presidente aprovechó, no obstante, para asegurar que tras la limpieza de los cuadros policiales la "guerra contra las drogas" se prolongará hasta el final de su mandato en 2022 y no solo por un año como había planeado anteriormente.

Secuestro al amparo de la campaña antidroga

El nuevo anuncio llega a raíz del escándalo generado tras destaparse el caso de Jee Ick-joo, un empresario surcoreano asesinado hace tres meses. El pasado 18 de octubre varios individuos -entre ellos al menos un policía- se llevaron a Jee y a su asistenta del domicilio del primero radicado en la ciudad de Angeles, situada a unos 100 kilómetros al norte de Manila, en una supuesta operación antidroga.

Ambos fueron trasladados a Campo Crame, donde liberaron a la asistenta, pero el surcoreano fue estrangulado ese mismo día, según la investigación. La viuda, Choi Kyung-jin, aseguró que los secuestradores le pidieron un rescate por liberar a su marido haciéndole creer que estaba vivo. El caso, cuya investigación en el Senado comenzó el pasado jueves, ha generado una gran polémica al mostrar el clima de impunidad creado por la campaña antidroga del presidente filipino. Este dijo el domingo que todavía quedaban algunos sospechosos sueltos por el asesinato, pero que les daba 48 horas para entregarse u ofrecería una recompensa por ellos.

LGC (EFE/Reuters)