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Gobernador de Río teme colapso financiero en sede de Mundial y JJOO

Pablo Kummetz7 de noviembre de 2012

El gobernador de Río de Janeiro advirtió que la sede de la final del Mundial de fútbol 2014 y de los JJ. OO. 2016 podrá colapsar financieramente si se cambia la forma de reparto de los "royalties" del petróleo.

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Imagen: picture-alliance/dpa

Según Sergio Cabral, tan sólo en 2013, el texto aprobado anoche por la Cámara Baja generará pérdidas por unos 2.000 millones de dólares para el estado de Río de Janeiro, y hasta 2020 los perjuicios acumulados llegarán a unos 38.000 millones de dólares.

"Es absolutamente inviable. El Estado cerrará sus puertas. No se hará Juegos Olímpicos, no se hará Mundial, no se pagará a los servidores públicos, no se pagará a los jubilados", expresó el gobernador, quien aseguró que espera que las disposiciones perjudiciales a Río sean vetadas por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

"Estoy tranquilo porque la presidenta Dilma ya anunció públicamente que no promulgaría un proyecto de ley que afectara a contratos ya firmados. La presidenta no promulgará un proyecto de ley que es inconstitucional", expresó Cabral, en declaraciones formuladas en Brasilia.

El texto aprobado en la noche del martes por la Cámara de Diputados dispone que las cantidades por la prospección de petróleo pagados por el gobierno federal no beneficiarán solamente a los estados productores -como Río de Janeiro, Sao Paulo y Espírito Santo-, sino también a las demás unidades de la federación.

Con el cambio, se estima que los estados y municipios no productores de petróleo recibirán el próximo año unos 4.000 millones de dólares por concepto de "royalties".

Pese a que el proyecto aprobado representó una derrota para Rousseff, que consideraba que los cambios no podrían afectar a contratos ya firmados, asesores de la Presidencia informaron que la presidenta todavía no decidió si vetará el proyecto.

Según uno de los interlocutores de la mandataria sobre el tema, el senador Valdir Raupp, es posible que Rousseff opte por promulgar la nueva ley y esperar que los gobernadores de los estados perjudicados recurran al Supremo Tribunal Federal (STF) para intentar anularla.

dpa
Editor: Pablo Kummetz