Justicia española procesa a militares por genocidio en Ruanda
6 de febrero de 2008La Justicia española ordenó hoy la detención de 40 militares de Ruanda a los que acusa de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo por la muerte de más de cuatro millones de personas en los años 90, década en la que en ese país africano también fueron asesinados nueve españoles. En una resolución conocida hoy, el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu señala que si bien existen "sólidos indicios" de que el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, estuvo implicado en esa matanza, éste actualmente no puede ser procesado ya que como jefe de Estado goza de inmunidad.
La historia reciente de este país del este de África está marcada por los conflictos étnicos entre la mayoría hutu y la minoría tutsi. El asesinato del presidente hutu Juvenal Habyarimana, el 6 de abril de 1994, generó un genocidio en el que fueron masacrados al menos 800.000 miembros de la etnia tutsi así como hutus acusados de simpatizar con ellos. Las investigaciones de la Justicia española, sin embargo, no se centran sólo en aquella matanza, sino que comprenden un periodo que va desde 1990 hasta 2000.
En 2005, una plataforma cívica llamada Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el Africa de los Grandes Lagos presentó en la Audiencia Nacional una querella contra altos cargos del Estado ruandés con objeto de que se investigara la muerte de tres cooperantes españoles y seis misioneros asesinados. Dicho foro está integrado por personalidades como el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel o la congresista estadounidense afroamericana Cynthia McKinney, así como por víctimas y familiares de víctimas españolas y ruandesas, testigos hutus y tutsis en el exilio, y diversas organizaciones no gubernamentales españolas, ruandesas e internacionales. El juez Andreu acordó en su día admitir a trámite la querella, al recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial declara la
competencia extraterritorial de los tribunales españoles si los hechos investigados pueden ser tipificados como genocidio, terrorismo o como cualquier otro delito que deba ser perseguido en España en virtud de los convenios internacionales existentes.