Reino Unido sella acuerdo para evitar mala praxis en la prensa

Los medios deberán atenerse en Reino Unido a una de las reglamentaciones más estrictas que hayan regido en el país tras los escándalos por escuchas desatados, entre otros, por el imperio Murdoch, según decidieron la coalición de gobierno y el Partido Laborista.

El ala conservadora y liberal demócrata del gobierno acordó con la oposición laborista formar un Consejo de Prensa independiente que imparta multas de hasta un millón de libras esterlinas (aproximadamente 1,13 millones de euros) con estatus de Carta Real ("Royal Charter"), es decir, una instancia que no tiene carácter legislativo pero que es supervisada e implementada por un organismo común del Parlamento y el Ejecutivo.

En el primer momento, el primer ministro David Cameron había considerado que una ley menos estricta bastaría. Sin embargo, no logró imponer esta opinión ante sus socios de coalición liberal demócratas.

El consenso de último momento logrado este lunes evitó los fuertes vaivenes a los que se hubiese visto sometida la medida en el Parlamento para su votación. Aún no estaba claro si las editoriales, las radiodifusoras y las plataformas online se verán forzadas a respetar la misma regulación.

La diagramación de la nueva regulación se basa, por un lado, en propuestas de un comité del área judicial que evaluó en detalle los usos en las redacciones periodísticas. Ante el comité comparecieron algunas víctimas célebres de escuchas como Hugh Grant y Sienna Miller, así como representantes de las compañías mediáticas, como el gigante Rupert Murdoch.

Los escándalos de este tipo, que iban desde infiltración ilegal de mails hasta el soborno de la policía, llegaron a su punto máximo hacia medidados de 2011. El periódico News of the World debió cerrar en consecuencia y se iniciaron numerosas causas judiciales contra periodistas y oficiales de policía.

Las nuevas disposiciones apuntan a evitar este tipo de usos en el sector y condenar a quienes incurran en este tipo de delitos. El aspecto que desató las mayores disputas fue hasta qué punto las nuevas regulaciones debían tener carácter legislativo.

Los liberal demócratas exigían medidas más estrictas de las propuestas por el líder de los tory, Cameron, a quien criticaron de dejarse influir por los medios. En cambio, las organizaciones que nuclean a las víctimas de estas prácticas, como "Hacked off", saludaron la decisión. Hasta ahora, y tras los escándalos, los medios sólo se habían comprometido a atenerse a un código de honor (dpa).