Relaciones Públicas en vez de Derechos Humanos

Un amplio catálogo de normas vinculantes para el respeto a los derechos humanos, en consonancia con el derecho internacional, ha sido acordado por los hoy 192 miembros de Naciones Unidas desde la fundación de esta organización mundial en 1945.

En el marco de la Organización Internacional del Trabajo se han celebrado unas 170 convenciones para regular el acceso a derechos laborales y sociales. Un buen número de miembros de la ONU se afana, desde finales de la década de 1980, en la firma de acuerdos para la protección del medio ambiente.

Pero los Gobiernos de los países miembros han implementado y controlado insuficientemente todos estos acuerdos internacionales y ahora, en la era de la globalización, parecen cada vez más incapaces de lograrlo, lamentaba a inicios de 1999 el secretario general de la ONU, Kofi Annan. De ahí que intentara ejercer presión sobre las empresas a escala internacional.

El secretario general ofreció a las empresas un acuerdo en sociedad con Naciones Unidas, el “Global Compact” o Pacto Global. Éste permitía a las empresas comprometerse, con su firma, a cumplir nueve principios muy generales, tres por cada una de las áreas definidas: Derechos Humanos, Condiciones Laborales y Protección Ambiental. Como décimo principio se agregó, en 2004, una norma anticorrupción.

A cambio, las empresas podrían presentarse como “socios de la ONU” y hasta utilizar, en sus publicaciones y materiales publicitarios, el emblema azul del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA en español, UNEP, en inglés).

Unas 50 empresas de todo el mundo se involucraron en las negociaciones para fundar el Pacto Global. Justamente ellas impidieron que se establecieran criterios y medidas vinculantes para garantizar el cumplimiento de los diez compromisos adquiridos. Como consecuencia, apenas unas pocas organizaciones no gubernamentales respondieron al llamado de Kofi Annan para sumarse al Pacto Global.

La mayoría de las ONGs critican que muchas de las ya más de 7.000 empresas firmantes del Pacto Global sólo lo usan para una especie de "lavado de imagen": el Bluewashing o “lavado azul”, en alusión al uso de los colores del PNUMA como parte de su estrategia de relaciones públicas.

Así que poco ha tenido de eficiente la implementación de las normas de protección a los derechos humanos, a los derechos laborales y al medio ambiente, establecidas por el Pacto Global. Muchas empresas han sido excluidas del acuerdo año tras año porque no cumplen ni siquiera el requisito mínimo de rendir un informe sobre sus esfuerzos para cumplir con el pacto.

La crítica gana fuerza incluso dentro del propio sistema de Naciones Unidas: “Los objetivos y resultados del Pacto Global siguen siendo poco claros diez años después de su fundación. El acuerdo esconde, además, enormes riesgos. Si no se mejora, podría dañar la imagen de la ONU”, alerta un informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI), publicado el pasado marzo.

La DCI está compuesta por 11 inspectores elegidos por la Asamblea General de la ONU y es la única instancia independiente para el control de las más diversas dependencias y estructuras especiales del sistema de Naciones Unidas.

El informe de los inspectores cierra con 16 recomendaciones concretas a la próxima Asamblea General de otoño, para perfeccionar el Pacto Global. Se trata, sobre todo, de reforzar los criterios de admisión de las empresas en el acuerdo.

Hasta ahora, las empresas sólo tienen que presentar una solicitud por escrito y son admitidas sin mayores comprobaciones. Los inspectores recomiendan encargar la comprobación de las solicitudes a expertos externos e independientes, de acuerdo con los requisitos que establece el propio pacto –un proceso similar al que sigue el fondo para la infancia, UNICEF, antes de firmar acuerdos con empresas.

Adicionalmente, la DCI exige hacer más eficientes los instrumentos de control de los objetivos del acuerdo. Hasta ahora, basta con la presentación anual de una autoevaluación de la empresa a la oficina del Pacto Global en la sede de la ONU en Nueva York. Fuera de la cobertura crítica de los medios o eventuales reportes de organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas no cuenta con controles propios o externos, ni siquiera cuando una empresa es acusada ante la Justicia.