Se reabre debate sobre el aborto en España

El cierre de varias clínicas abortistas en Barcelona y Madrid por la supuesta práctica de abortos ilegales ha reabierto el debate en España, donde desde 1985 es legal la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos. La legislación vigente no gusta, por razones opuestas, ni a conservadores ni a progresistas.

Asociaciones antiabortistas y medios conservadores denuncian que la ley existente supone una vía libre para el aborto, en el que uno de los supuestos, el que permite la interrupción del embarazo en caso de 'grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada' constituye, en realidad, vía libre para abortar.

Los sectores progresistas alegan por su parte que la mujer que decida abortar debería poder hacerlo dentro de un plazo sin tener que alegar motivos. Izquierda Unida (IU), en la que el Partido Comunista (PCE) es la fuerza principal, volvió a pedir en el Parlamento que las mujeres que así lo decidan puedan abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación.

La ley española permite el aborto si existe riesgo para la salud física o psíquica de la madre, supuesto para el que no hay plazos siempre que exista el aval de un dictamen médico; la interrupción volutaria del embarazo por violación es también legal en las primeras 12 semanas gestación; y las mujeres pueden abortar por malformación del feto durante las primeras 22 semanas de gestación.

En un país en el que la mayoría de la población sigue declarándose católica, los abortos han ido creciendo con el paso de los años. En 1997 se practicaron 49.578, en 2005 fueron 91.664. El 97 por ciento de esas interrupciones del embarazo se realizan en centros privados - a los que en muchas ocasiones la sanidad pública envía a las mujeres que deciden abortar-. El 90 por ciento de quienes abortan lo hace antes de las 12 semanas de gestación.

Se da la paradoja de que aunque el aborto es legal, hay seis comunidades autónomas -Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía- que carecen de centros que lo

practiquen, por lo que las mujeres que viven en ellas y deciden abortar se ven obligadas a desplazarse a otras.

Aunque el tema del aborto ha vuelto a la palestra mediática, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones generales en España, ni el jefe del gobierno español, el socialista José Luis

Rodríguez Zapatero, ni el líder de la oposición, el conservador Mariano Rajoy, se han pronunciado públicamente sobre ello. Sólo el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, señaló que la ley

del aborto es 'susceptible de muchas mejoras' que, no obstante, deberían contar con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

El aborto sigue siendo un tema polémico en España, donde la Iglesia católica se encarga de hacerse oir bien en la sociedad, y parece que el partido en el gobierno teme ahuyentar votantes si

vuelve a aludir a él.

El programa electoral con el que Partido Socialista (PSOE) de Zapatero concurrió -y ganó- los comicios generales de 2004 incluía el compromiso de aprobar un cuarto supuesto: que las mujeres pudieran abortar sin tener que dar motivo alguno dentro de un plazo de 12 o 14 semanas de embarazo. Pero el tema quedó de lado en la legislatura que está a punto de concluir y los socialistas ya han dicho que no lo incluirán en el programa con el que se presentarán a los próximos

comicios de marzo. De hecho, en septiembre el PSOE votó contra tres propuestas de grupos parlamentarios de izquierda para la despenalización del aborto libre dentro de un plazo.

El debate reabierto en España comenzó con la denuncia de una entidad católica a raíz de un reportaje con cámara oculta de una televisión danesa en el que el director de los centros clausurados en Barcelona, el peruano Carlos Morín, se ofrecía a una periodista encubierta, embarazada de 26 semanas, a realizarle un aborto falseando un informe psiquiátrico. La Justicia ordenó el cierre de los centros dirigidos por Morín y envió a prision preventiva a tres

personas, una de ellas el propio médico.

Después, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernanda por el conservador Partido Popular (PP), ordenó el cierre cautelar y parcial de dos clínicas en la capital, al que se sumó la investigación por orden judicial de otra.

Mientras asociaciones antiabortistas exigen a las autoridades que promuevan más acciones contra otras clínicas, la Federación de Planificación Familiar Estatal, que defiende el derecho al aborto

libre y gratuito, lleva ya días recogiendo firmas en defensa de las mujeres que deciden abortar según la ley vigente y en protesta por los cierres de centros en Barcelona y Madrid.

Por su parte, los centros que integran la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) denuncian 'el silencio de los políticos' y el 'acoso' y la 'presión' de grupos

católicos al que se ven sometidos los centros y sus trabajadores.

Estos días se conoció por la prensa un episodio de esas presiones. Una trabajadora de una de las clínicas clausuradas en Madrid se encuentra desde hace siete meses de baja médica por las amenazas sufridas. Desconocidos con el rostro tapado se le acercan en ocasiones en la calle y le dicen frases como 'O dejas de hacer abortos o acabas como ellos'. Hace un mes recibió de uno de ellos dos puñetazos. 'Los sectores más reaccionarios están envalentonados. Se atreven cada vez a más y actúan con total impunidad', denuncia. (dpa)