¿Tiemblan los dictadores?

El acto de congelar las fortunas de los dictadores es una medida esperanzadora para la población de países en vías de librarse de tiranos, muchos de los cuales han explotado las arcas públicas durante años o décadas y depositado el dinero en la lejanía. Sin embargo, pese a los obstáculos legales, todavía hoy sigue resultando más fácil impedirle a los mandatarios el acceso a los bienes que tienen a buen resguardo que conseguir que los mismos sean devueltos a las naciones expropiadas.

Con esto quisieron acabar los suizos. El pasado febrero se aprobó en el país centroeuropeo una ley bautizada como "Duvalier", en alusión al ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier y a su fortuna yacente en bancos helvéticos, que Haití reclama desde 1986 pero que hasta ahora Suiza no ha podido traspasar porque el implicado sigue sin haber sido condenado en ningún juicio, cosa prácticamente imposible teniendo en cuenta la situación de la isla caribeña.

Para Jean-Claude Duvalier, la legislación que lleva su nombre es una mala noticia, como podría llegar a serlo para otros de los que creyeron estar asegurándose el mañana con fondos ajenos.

Una ley con aparentes contradicciones

“El Gobierno de Berna se dijo: ‘no puede ser que las personas responsables de la ruina de sus propios países, como Mobutu en Zaire, por ejemplo, se queden con el dinero porque un vacío legal impide devolverlo’. Para estos casos, el Gobierno suizo ha creado esta ley; ella permite que un procedimiento legal en contra del dictador tenga lugar en Suiza sin esperar de los Estados implicados una cooperación que no pueden ofrecer”, explica Valentin Zellweger, del ministerio de Exteriores helvético.

Lo desconcertante es que, aunque la "ley Duvalier" ha sido hecha a la medida de “Estados fallidos” como el de Haití, Suiza sigue esperando que entre ella y los países afectados exista asistencia legal mutua para poder iniciar un procedimiento legal en contra de un dictador en territorio helvético, denuncia Mark Herkenrath, de la organización no gubernamental Alliance Sud.

“No se contempla la posibilidad alguna de que organizaciones de la sociedad civil exijan el bloqueo de las cuentas de un dictador en el extranjero, el congelamiento de sus bienes o la devolución de dinero a las arcas del país correspondiente. Eso sólo puede exigirlo el Estado afectado. Y, cuando se trata de un ‘Estado fallido’ con un sistema de derecho disfuncional o inexistente, lo más probable es que éste no pueda ofrecer asistencia jurídica alguna”, indica Herkenrath.

Suiza y los dictadores, ¿en una “mesa redonda”?

A los ojos de Herkenrath, lo que la nueva legislación tiene de bueno es que obliga al dictador a demostrar que los fondos depositados por él en entidades suizas llegaron a sus manos legalmente. Previamente, el derecho penal helvético debe haber comprobado los crímenes que se le imputan. Sin embargo, Herkenrath critica que se acepte la opción de la solución negociada, supuestamente para acortar procesos judiciales que podrían ser largos.

“En la nueva ley no se definen en absoluto las condiciones bajo las cuales tendría lugar un acuerdo entre las partes. No se habla de límites máximos, por ejemplo, de que digamos sólo entre el 10 o el 20 por ciento de la fortuna pueda ser devuelta al dictador y a su clan. Todo eso queda abierto y supone una invitación a que los dictadores y sus abogados exijan el límite máximo”, comenta el activista.

Libia, un caso singular

Aunque la “ley Duvalier” no tiene vigencia para los casos de Túnez y Egipto por no ser considerados “Estados fallidos”, el Gobierno de El Cairo ya introdujo una solicitud para que se inicie un procedimiento legal en Suiza en contra del ex presidente Hosni Mubarak. “Esperamos poder abrir un proceso con asistencia legal mutua. En cuanto se demuestre que eso es posible, podremos empezar con el bloqueo de las cuentas", dice Valentin Zellweger. El caso de Libia, sin embargo, es singular. Suiza actuó aquí omitiendo el principio de la asistencia legal mutua y congeló las cuentas de Muamar el Gadafi para evitar éste las vaciara.

En cualquier caso, al de todo proceso judicial –se trate de un “Estado fallido” o en de algún país árabe– es un juez helvético el que decide quién recibe el dinero en disputa, el ex dictador o las arcas de su país. Y, si el magistrado optara por lo segundo, cabe destacar que los fondos no acaban así como así en la caja del Estado que los reclama: casi siempre son invertidos en proyectos de ayuda al desarrollo destinados al país en cuestión.

También sobre este último condicionamiento se discute intensamente. Depués de todo, los proyectos de cooperación a los que en 2009 se destinó la fortuna acumulada en el extranjero por el general Sani Abacha, ex presidente de Nigeria, no dieron los resultados esperados. Y los millones del ex dictador filipino Ferdinand Marcos que financiaron una reforma agraria en el país se perdieron en sin reparo en un diez por ciento.

Autor: Pascal Lechler / Evan Romero
Editora: Luna Bolívar Manaut