Activistas latinoamericanos cuestionan las energías "limpias"

De cara a la amenaza que supone el cambio climático, sobre todo para países en desarrollo, hay un consenso global sobre las bondades que promete el desarrollo de energías renovables. Las energías eólica, solar e hidráulica son el "Caballo de Troya" del siglo XXI en el combate del calentamiento global, causado en buena parte por la combusión de hidrocarburos. Los países industrializados como Alemania, pioneros e innovadores en el desarrollo de energías limpias son los principales beneficiados, no sólo por contar con las nuevas tecnologías sino por la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo.

Pero la medalla tiene dos caras. “Este nuevo capitalismo que se pinta de verde, es el más perverso de todos por las implicaciones que tiene en las comunidades campesinas e indígenas”, afirma Tannia Falconer, representante en México de la Fundación Rosa Luxemburgo, cercana al partido Die Linke (La Izquierda). “Los casos sobran. La producción de agrocombustibles, como las plantaciones de palma africana en Guatemala, ha tenido impactos tremendos en términos de desplazamientos forzados de comunidades que se ven obligadas a vender sus tierras a grandes productores de plantaciones”, afirma Falconer,

Represa Diquis, en Costa Rica

El proyecto de construcción de la presa Diquis, un embalse de más de 6.000 hectáreas en tierras de indígenas y de varias comunidades en el sur de Costa Rica ha provocado el rechazo de grupos medioambientalistas, académicos y movimientos sociales. “El proyecto afectaría no sólo a zonas de bosques sino deplazaría a comunidades indígenas. Lo vemos como una pesadilla porque ha sido impuesto, no se ha consultado a las comunidades”, afirma por su parte el costarricense Fredy Vargas, representante de la Asociación de Iniciativas populares Ditsö.

Las protestas por la falta de consulta previa a las organizaciones indígenas dieron lugar el pasado mes de abril a la visita en Costa Rica de James Anaya, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. El relator consideró que debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haber comenzado con los estudios técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades afectadas a participar en las decisiones iniciales.

“El relator pidió que se garantice un proceso de consulta, donde haya información previa. La respuesta del gobierno ha sido de desprecio a las comunidades indígenas porque las ha ignorado”, afirma Vargas.

Participación de trasnacionales

El proyecto de construcción de la mayor represa de Centroamérica ha sido un desafío para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que no posee los suficientes recursos para financiar el proyecto y ha buscado alianzas con grandes empresas extranjeras. “Los empresarios costarricenses involucrados, así como el capital trasnacional, sobre todo empresas españolas como Endesa, ven el proyecto como de ensueño por su volumen y magnitud”, cuenta Vargas.

Pero los activistas destacan que cuando hay intereses de particulares y trasnacionales de por medio, explotan los recursos naturales y se llevan todos los beneficios, dejando poco a la población. “Las empresas trasnacionales tienen un gran interés en participar en esto porque además, significa tener el control de un recurso vital que es el agua”, concluye Tannia Falconer.

Autora: Eva Usi

Editor: José Ospina-Valencia