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Apoyo europeo a la despenalización del aborto en El Salvador

Mirra Banchón
10 de abril de 2018

20 años de prohibición absoluta del aborto en El Salvador no han dejado buenos resultados. En una semana crucial para la reforma del artículo 133, activistas pro despenalización buscan apoyo en Bruselas.

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Imagen: DW/Banchón

"¿Por qué perder dos vidas si se puede salvar una?”, pregunta Victoria Ramírez de la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y la Vida de las Mujeres. En busca de apoyo europeo, Ramírez y otras mujeres insignia de la lucha por la despenalización del aborto  están en Bruselas esta semana. Se trata de lograr –antes de mayo- que la Asamblea de El Salvador apruebe una reforma que permita la interrupción del embarazo por las siguientes causales: riesgo para la vida de la mujer, violación a mujeres y niñas, y malformación del feto. Su cometido ha encontrado eco en el Parlamento Europeo.

35 eurodiputados dirigieron una carta a Asamblea salvadoreña apoyando la reforma de los artículos que prevén penas de 2 a 8 años por aborto y de hasta 50 cuando los fiscales consideran que se trata de homicidio agravado. En su mensaje subrayan que la criminalización absoluta del aborto "tiene graves impactos en la vida de mujeres y niñas y fuerza a las mujeres –principalmente a aquellas de medios desfavorecidos- a peligrosos métodos de aborto que ponen en peligro su salud y su vida”. 

Ya en diciembre de 2017, en una resolución aprobada por amplia mayoría, la Eurocámara recomendó  despenalizar. "Es un país cruel con las mujeres”, opina la eurodiputada sueca Bodil Valero, una de las firmates.

Salvar vidas

Para que en Bruselas se entienda la situación, Ramírez pone un ejemplo: Claudia era el único sostén económico de sus tres hijos. Durante su cuarto embarazo le detectaron una miocardiopatía severa incompatible con la gestación. Si quería asegurar su vida debía interrumpirlo. Pero debido a la prohibición, los médicos no pudieron practicar un aborto. Claudia murió a las 24 semanas de embarazo, dejando tres niños huérfanos.

"Hasta la fecha sólo los colectivos feministas siguen la historia de la familia de Claudia, que era madre soltera. Los niños están con la abuela”, cuenta Ramírez a DW, agregando que ninguna institución pública pone el hombro ante este desastre provocado por su legislación que, supuestamente, protege la vida.

Machismo, no sólo religión

Si por lo general se explica el endurecimiento de la legislación (en 1998) por móviles político-religiosos, el que se acepte desde hace 20 años se debe, según Ramírez, a que en El Salvador no importa lo que le pase a una mujer. 

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Teodora Vásquez (arriba derecha), la mujer que fue condenada a 30 años de prisión y cuya pena fue conmutada en febrero y Bodil Valero (arriba, segunda de la izquierda)Imagen: DW/Banchón

"No hay ningún hombre que busque ayuda porque le han negado atención médica. Pero, como vemos, hay muchas  mujeres que han solicitado atención médica pidiendo por su vida y no la han recibido. En esta cultura patriarcal y machista, solo en imágenes románticas la mujer es lo más sagrado”, dice Ramírez. "Un respeto a la integridad, a la autonomía de las mujeres no existe”, agrega.

Panorama escalofriante

Las cifras le dan la razón: en 2016 hubo 3.947 denuncias de agresiones sexuales, de las cuales 1.049 fueron violaciones. 1873 de las víctimas eran menores.

"El estudio ''uniones tempranas de niñas y adolescentes', de hace dos años, reflejó que muchas niñas menores de 14 años tenían ya un segundo embarazo, una maternidad impuesta producto de una violación. El 35% del total de embarazos inscritos, es de madres adolescentes”, cuenta Ramírez. ¿Métodos anticonceptivos? "Existe en las maternidades”, responde. ¿Educación sexual para menores? "No hay”, contesta.  

Así las cosas, el 57% de mujeres embarazadas entre los 10 y 19 años se suicida, según señala la resolución del Parlamento Europeo de 2017. A esto se suma, de acuerdo a un estudio de la organización Acción Ciudadana, que todas las mujeres que han sido condenadas por complicaciones obstétricas o abortos espontáneos son mujeres pobres, de escaso nivel educativo y de áreas rurales.

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Molly Scott-Cato, eurodiputada, y Berta De León, abogada salvadoreñaImagen: DW/Banchón

"Las mujeres pobres que van a los hospitales son  criminalizadas desde el momento en que solicitan una asistencia. De los hospitales privados nunca se reciben denuncias. No porque no ocurra sino porque cuando se paga sí se guarda el secreto profesional”, cuenta a DW por su parte Berta de León, abogada de Colectiva Feminista. 

El panorama es grave. "Y se verá aún más oscuro si no se aprueba la reforma en abril”, explica Ramírez. "La composición de la nueva Asamblea no es favorable a la reforma del 133”, añade. Tanto Ramírez como De León conideran imprescindible el apoyo europeo. "Ya es hora de reformar la misógina ley de aborto”, concluye la carta que envían los eurodiputados, esperanzados en aportar a "garantizar la igualdad de género y una vida libre de violencia para mujeres y niñas en El Salvador”.