El uso ilegal de armas alemanas e italianas en México

La noche del 26 de septiembre de 2014 cerca de cien estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos fueron brutalmente atacados en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Al final de ese día, 43 de ellos fueron desaparecidos. Como se sabe, el caso cimbró al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y generó protestas en diversas partes del mundo.

Entre los pocos hechos verdaderos que se conocen del caso, gracias a pruebas periciales de balística, es que en el ataque participaron ocho armas que pertenecían a la Policía Municipal de Iguala, de acuerdo a las pruebas de restos de pólvora encontradas en sus manos. De los 146 casquillos encontrados en las escenas del crimen, 19  correspondían a esas armas, de acuerdo a la documentación que tengo del expediente. Del resto de los casquillos nunca se hicieron peritajes a las armas que portaba el Ejército mexicano o la Policía Federal para saber si correspondían a estas.

El estado de Guerrero ha tenido una larga y triste reputación de violaciones a los derechos humanos. En la década de los setenta, los gobiernos local y federal desaparecieron a cientos de personas de la población de ese lugar, en la época de la llamada "Guerra Sucia”.

Cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes la Policía Municipal de Iguala tenía 97 rifles de asalto. Treinta y siete eran de la fábrica alemana Heckler & Koch. Estas eran solo algunas de las miles vendidas por dicha empresa a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien, a su vez, las repartió en 2013 entre distintas policías municipales y estatales de México, sin importar si éstas tenían antecedentes de violaciones a derechos humanos.

De los 37 rifles H&K en poder de la Policía Municipal, se sabe con certeza que al menos tres de ellos dispararon esa noche 10 proyectiles. Desde 2010, esta compañía tenía prohibido vender armas cuyo destino final fueran los estados de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, por los antecedentes de violaciones a derechos humanos. La prohibición fue violada por H&K y más del 40 por ciento de los 10 mil fusiles de guerra fabricados por ellos, comprados por el Gobierno de México,  terminaron en esos estados.

El resto de la historia de las armas de esta empresa alemana vendidas a México violando la ley es conocida. En febrero de 2019 un tribunal alemán multó a la compañía con 4.2 millones de dólares y sentenció a "libertad condicional”  a dos de sus empleados. 

El caso amerita ser recordado porque las organizaciones no gubernamentales Stop US Arms to México, de Estados Unidos, coordinada por John Lindsay, y el Observatorio de Armas Ligeras y Políticas de Seguridad, de Italia, coordinado por Carlo Tombola, en diciembre de 2019 emitieron un inquietante informe.

En los últimos 12 años Italia ha sido el segundo exportador de armas no militares, rifles y municiones, y sólo lo supera Estados Unidos. Esto significa que, mientras ocurría en México la llamada "guerra contra las drogas”, la empresa italiana Beretta vendió miles de armas a autoridades de nivel federal, estatal y municipal que, se sabe con certeza, estaban involucradas con los carteles de la droga e incluso han servido como brazo armado de estos. Autoridades que ya tenían antecedentes de violaciones graves a derechos humanos.

"En México, las armas italianas entran al mercado a través del Ejército mexicano, el cual comercializa las armas a personal militar, policías estatales, municipales, e individuos”, señala el reporte.

De acuerdo a los documentos que tengo en mi poder, eso mismo ocurrió con las armas de H&K. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional de México quien las compró y luego las revendió a diversos gobiernos estatales.

"La exportación de armas italianas y la falta de controles de usos finales están regando gasolina el fuego de la violencia en México”, fue la posición de Tombola escrita en el informe.

De acuerdo al análisis que dichas ONG realizaron, al igual que en Alemania, en Italia existe la Ley 185/1990, que indica que se debe negar la licencia de exportación de armas cuando falten garantías adecuadas para el destino final de los materiales de armamento”.  Y la "Posición Común Europea" 2008/944/CFSP señala también que la licencia de exportación de armas a una empresa en Europa debe negarse cuando "exista un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se vayan a exportar puedan utilizarse con fines de represión interna”.

En esos 12 años Beretta vendió a México 17 mil 150 rifles de asalto automáticos, 19 mil  rifles de asalto no automáticos, y 650 lanza granadas, indica el informe. E indica que los usuarios finales de dichas armas incluyen a policías locales y federales con historial documentado de violaciones a los derechos humanos.

La Policía Municipal de Iguala no solo contaba con rifles de asalto H&K, sino que también tenían 47 fusiles  de asalto y 132 pistolas de la empresa italiana Beretta. Todas vendidas por la Secretaría de la Defensa Nacional al gobierno de Guerrero. De acuerdo al informe de balística del caso Ayotzinapa, del cual tengo copia, al menos 8 casquillos encontrados en la escena del crimen perpetrado contra los estudiantes pertenecen a tres de dichos fusiles Beretta, y tres casquillos pertenecen a dos pistolas Beretta.

Cuando en las noticias internacionales se habla de forma cotidiana de la violencia en México, de los muertos, de los desaparecidos, la sociedad y los gobiernos deberían de analizar más a fondo cómo estas empresas privadas de armas que no son mexicanas influyen en esa violencia, violando las propias reglas a las que están sujetas.

La compañía alemana H&K ya fue sometida a juicio y multada, ¿Pasará lo mismo con la empresa Italiana Beretta?. Espero que sí y que este informe publicado en diciembre pasado sea el comienzo.

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