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Ayotzinapa, tres años después

Eva Usi
26 de septiembre de 2017

Tres años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, organizaciones europeas señalan que el caso es paradigmático de lo que padecen miles de familia día a día.

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Mexiko Guadalajara Demonstranten anlässlich Jahrestag der verschwundenen Studenten
Imagen: picture-alliance/dpa/U. R. Basurto

Este mes de septiembre, México sigue adolorido por un temblor sísmico que ha dejado muerte y desolación en amplias regiones. A eso se suma el aniversario de otro suceso que enlutó a la sociedad mexicana: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace tres años.

Una quincena de organizaciones, desde Amnistía Internacional, sección alemana, hasta la organización Pan para el Mundo (Brot für die Welt) y Misereor, emitieron un comunicado conjunto a través de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México: "El caso Ayotzinapa es un ejemplo de lo que miles de familias padecen en la búsqueda de sus seres queridos y en el trato con las autoridades. En muchos casos, ellos mismos acaban siendo víctimas de violaciones por sus demandas de justicia".

Protestas en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.
Protestas en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.Imagen: picture alliance/dpa/Quadratín

Diálogo bilateral de alto nivel

Carola Hausotter, portavoz de dicha organización, explica que el tema de la desaparición forzada ha llegado a un alto nivel en el diálogo bilateral entre Alemania y México y fue abordado por la canciller alemana Angela Merkel durante su pasada visita en junio, cuando se reunió con organizaciones de derechos humanos. 

El Parlamento alemán exhortó al Estado mexicano en una carta de abril pasado a que apruebe una Ley General sobre la desaparición forzada. "Ya fue aprobada por el Senado, pero todavía falta que sea aprobada por la Cámara de Diputados. Se trata de una propuesta de la sociedad civil, sobre todo de las asociaciones de los familiares. Hubo muchas negociaciones sobre el contenido de esa ley y salió una propuesta que contiene cambios que rechaza la sociedad civil”, afirma.

Entre esos cambios figura el hecho de que la llamada Comisión Nacional de Búsqueda no contará con una policía propia y deberá solicitar la colaboración del Ministerio Público para la realización de acciones de investigación. "Otro punto de crítica es quién será el responsable de encauzar la búsqueda de personas desaparecidas, si la federación o la autoridad local”, afirma Hausotter. Además provoca irritación que se emplee el término de "persona no localizada” en vez de "desaparición forzada”, lo que exime a las autoridades de su responsabilidad jurídica, añade.

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), presenta su reporte final en 2016.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), presenta su reporte final en 2016.Imagen: Reuters/E.Garrido

Comité contra las Desapariciones Forzadas

Otra demanda de las organizaciones alemanas es que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, lo que permitiría que familiares de desaparecidos presenten sus casos individuales ante dicho gremio de la ONU para que sean investigados.

Por su parte, la abogada y politóloga Helena Solá, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), destaca como algo positivo que el gobierno mexicano accediera sobre el papel a que se sigan cuatro líneas de investigación de una manera más seria y con más esfuerzos. "Eso no lo teníamos antes y son las líneas de investigación que recomendó el el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para poder llegar a la verdad”, afirma.

Entre esas cuatro líneas figura "el investigar la participación del Ejército, la hipótesis sobre la heroína en el quinto autobús, análisis exhaustivos de la telefonía celular, el trasiego de droga de Guerrero a Chicago y el papel de la policía municipal y federal de Huitzuco. Hay una serie de órdenes de aprehensión que no se han ejecutado”, afirma.

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías en el muncipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero. En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos y, según la versión oficial, entregados al cártel de Guerreros Unidos, que supuestamente ejecutó e incineró a los estudiantes en un basurero lanzando sus restos a un río. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes echó abajo esa versión al considerar imposible científicamente que los cuerpos fueran quemados en dicho basurero. El caso sigue sin esclarecerse y el paradero de los estudiantes del magisterio sigue siendo un enigma.