REDD contra la deforestación

"Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal". Ése es el significado de las siglas REDD, del inglés "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation". Naciones Unidas trabaja desde el año 2008 en proyectos en este ámbito. Dichos proyectos se orientan hacia la protección de la función medioambiental de los bosques, es decir, en su papel de almacenes de CO2, uno de los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Según datos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la deforestación es responsable del 17% de las emisiones anuales de gases contaminantes, más que el conjunto de emisiones que genera el transporte a nivel mundial. Es por ello que la conservación de los bosques debe jugar un papel esencial a la hora de cumplir con el objetivo de limitar a dos grados el aumento de la temperatura global: un objetivo fijado de forma oficial en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas de 2010 en Cancún.

Proteger los bosques se premia

La idea se basa en un principio bien sencillo: quien contribuye a la conservación de los bosques y puede certificarlo recibe dinero procedente del presupuesto del Programa REDD. Además, al CO2 almacenado en los bosques se le asigna un valor monetario. Una manera de motivar a los países en vías de desarrollo con extensas superficies forestales a evitar o reducir su retroceso, por ejemplo a través de medidas contra la tala o a favor de la reforestación. La ampliación del Programa REDD -el Programa REDD+- va un paso más allá: no sólo contempla medidas contra la deforestación, sino que también incentiva la gestión sostenible y el aumento de los recursos forestales.

El programa de Naciones Unidas UN-REDD es el encargado de ofrecer asistencia financiera a los programas de protección y conservación nacionales. En la actualidad, son 35 los países integrantes de UN-REDD, de los cuales 14 reciben apoyo directo para sus actividades de protección de bosques. El volumen de las ayudas asciende a cerca de 60 millones de dólares anuales. Sin embargo, la implementación de los programas es más compleja de lo que pueda parecer a simple vista.

La principal crítica tiene que ver con la falta de un acuerdo legalmente vinculante en relación con el programa UN-REDD. Hasta ahora, tampoco se han establecido medidas concretas. Más bien se trata de una recopilación de diferentes conceptos sobre cómo podría protegerse a los bosques de su destrucción. Hay que determinar también de qué manera puede impedirse la desaparición de superficies de selva con una gran riqueza de especies y su sustitución por plantaciones de monocultivo. Ateniéndose estrictamente a las cifras, sustituir tres hectáreas de bosque primario por tres hectáreas de cultivo -por ejemplo, para la producción de aceite de palma- no supone pérdida alguna de superficie de bosque. La realidad, sin embargo, es otra.

Numerosas cuestiones abiertas

La futura financiación del programa es otra de las cuestiones pendientes. ¿Debería recibir dinero del fondo "Green Climate Fund", creado en la Conferencia del Clima de Cancún en 2010 para apoyar a los países en vías de desarrollo? ¿O deben incluirse las reducciones de emisiones alcanzadas a través de la protección de bosques en el comercio con certificados de CO2? A través de esta vía, los países industrializados podrían compensar las emisiones que generan, financiando la protección forestal en los países en vías de desarrollo. Los críticos ven en esta práctica el principal punto débil del comercio de emisiones: una forma de legalizar la contaminación que cada cual genera. Eso impide abordar la verdadera causa de la deforestación, es decir, el elevado nivel de consumo de los países industrializados, según se recoge en una declaración del "Grupo de Durban por la Justicia Climática".

Para Markus Groth, economista del Centro de Servicio del Clima (CSC, por las siglas en inglés) del Centro Helmholtz de Geesthacht, en Alemania, la prioridad pasa ahora mismo por resolver las cuestiones pendientes. "Si no se resuelven en breve", afirma, "soy escéptico respecto al futuro del Programa REDD". Groth confía en que las soluciones lleguen durante la próxima Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que tendrá lugar a mediados de este año en Río de Janeiro, veinte años después de la entrada en vigor de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.

¿Abuso programado?

Resolver los temas que aún siguen pendientes cobra una importancia adicional en el contexto de otro posible problema: la corrupción. La organización Transparencia Internacional critica que son precisamente los países que reciben dinero para la conservación de los bosques los que figuran entre los más vulnerables a la corrupción. Como ejemplos, nombra a Congo e Indonesia, dos de los catorce países que perciben ayudas por parte del Programa UN-REDD. Ambos países figuran en las últimas posiciones en el "Índice de Percepción de la Corrupción 2011" de Transparencia Internacional, es decir, que pasan por ser especialmente corruptos.

Que la tala ilegal de bosques proporciona dinero es algo que demuestra, por ejemplo, el comercio de madera entre Laos y Vietnam. "En Laos está prohibida la exportación de troncos enteros y ramas grandes. En cambio, la legislación de la vecina Vietnam no prohíbe su importación", lamenta Julian Newman, Director de Campaña de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por las siglas en inglés), con sede en Londres. El principal problema reside en el hecho de que, en este caso, comparten frontera un país necesitado de recursos y otro dirigido por un gobierno corrupto e inoperante. Los funcionarios de aduanas y los guardias forestales de Laos permiten -previo pago de dinero- el paso de envíos ilegales de madera a través de la frontera con Vietnam. También la población tolera esta práctica de forma tácita. Al fin y al cabo, para ellos se trata prácticamente de la única manera de sacar algún tipo de provecho económico de las relativamente grandes superficies de bosque.

Europa y Estados Unidos deben actuar

Para frenar el comercio ilegal de madera, la EIA reclama responsabilidad a Estados Unidos y Europa. "Se trata de los mayores consumidores y, por tanto, tienen capacidad para influir. Deben asegurarse de que los productos elaborados con madera procedentes de Vietnam no han sido fabricados con madera ilegal llegada de Laos", explica Julia Newman. Y Vietnam, por su parte, debería respetar la normativa existente en Laos y no permitir las importaciones de madera.

Un problema que también parece haber reconocido Naciones Unidas. "La gran mayoría de los países socios del Programa UN-REDD figuran como firmantes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción", afirma el responsable del programa, Yemi Katerere. Además, organiza talleres en algunos países con el objetivo de determinar cuál es el riesgo de corrupción existente y combatirlo. Los primeros seminarios concluyeron recientemente en Nepal y Tailandia. Los próximos tendrán lugar en África.

Autor: Po-Keung Cheung / Emili Vinagre
Editor: Emilia Rojas-Sasse