El gobierno pide 20 años de inhabilitación para Odebrecht en Colombia

"Aceptar un enorme acuerdo de compensación sería un incentivo perverso para continuar cometiendo este tipo de delito", dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en una carta publicada hoy.

Colombia anunció que está buscando fuertes sanciones para el gigante de la construcción brasileño Odebrecht, en el centro de una trama de corrupción, que le impediría participar en licitaciones para contratos de obras públicas en el país durante 20 años. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió a la Superintendencia de Compañías, la autoridad supervisora, imponer el castigo máximo a la firma, en una carta publicada este martes (20.11.2018).

"Esta solicitud se está haciendo teniendo en cuenta que las compañías del grupo Odebrecht han participado en el caso más notorio de soborno transnacional y corrupción en los últimos años en varios países, incluida Colombia", dijo. Odebrecht admitió haber pagado 32,5 millones en sobornos a políticos colombianos para ayudar a garantizar contratos de obras públicas, incluido el proyecto más grande del país sudamericano, la llamada Ruta del Sol II que une el centro del país con el norte.

La vicepresidenta dijo que el gobierno había rechazado una propuesta de Odebrecht para enmendar la corrupción con un pago de 30 millones de dólares, en lugar de exigir que se imponga a la compañía la "sanción pecuniaria correspondiente". "Aceptar un enorme acuerdo de compensación sería un incentivo perverso para continuar cometiendo este tipo de delito", dice Ramírez en la carta.

Ayer, el presidente Iván Duque indicó que estima necesario que se designe a un fiscal ad hoc para las investigaciones del caso Odebrecht, a raíz de los cuestionamientos en torno a la actuación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, con conexiones con el proyecto de infraestructuras.

Seis personas han sido condenadas en Colombia como parte de la investigación. Sobre la muerte de un testigo clave, Jorge Enrique Pizano, interventor en el proyecto Rutal del Sol II que sufría un cáncer y falleció el pasado 8 de noviembre de un infarto, hoy se supo que las trazas de adn demuestran que manipuló la botella de agua con cianuro con la que murió envenenado posteriormente su hijo.

lgc (afp/dpa/efe)

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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)

Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)

Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)

Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)

Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)

Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)

En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)

En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)

En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)

Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.

América Latina: escándalos judiciales de expresidentes

Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)

Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.

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