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Escritores suecos Mankell y Enquist denuncian piratería en Internet

2 de abril de 2009
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Henning Mankell y Per Olov Enquist, entre otros reconocidos escritores suecos, interpusieron demandas contra piratas digitales de sus audiolibros en Internet, según informó el diario sueco "Svenska Dagbladet".

Con ello, los autores pusieron en práctica a través de sus editoriales medidas mucho más duras para hacer frente a la piratería de acuerdo a la nueva legislación. Los denunciantes solicitaron ante un tribunal de Estocolmo la persecución por vía penal de los explotadores de un servidor del cual podían descargarse 27 audiolibros de 15 conocidos autores suecos.

El 1 de abril entró en vigor en Suecia una ley que permite a los afectados averiguar la identidad de los servidores informáticos que a sus ojos resulten sospechosos.

En consecuencia, los operadores de Internet deben facilitar ahora los ID (números de identificación) de las computadoras desde las que se pueden descargar material protegido por los derechos de autor.

En determinados casos podrá solicitarse, además, la identidad de quienes descargan el material a sus ordenadores. Un portavoz de la Asociación de Editores expresó su confianza en que el endurecimiento de la persecución penal por delitos contra la propiedad intelectual contribuya a una disminución de las copias ilegales en la red.

"Svenska Dagbladet" señaló que el tráfico de datos entre redes suecas y redes internacionales se redujo un 30 por ciento el día de la entrada en vigor de las nuevas normativas.

La llamada "ley Ipred" ha sido objeto de una amplia cobertura en los medios de comunicación.

El 17 de abril se emitirá en Estocolmo el fallo contra los cuatro responsables de la bolsa de intercambio de Internet "The Pirate Bay" por violación de los derechos de autor.

Pirate Bay ofrece la posibilidad técnica de descargar gratuitamente copias pirata de películas, música y programas informáticos.

El proceso sentará un precedente legal internacional. La fiscalía solicita penas de un año por cada acusado. Los querellantes exigen indemnizaciones en valor de diez millones de euros. La defensa pide la absolución. (chp/dpa)