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Una reforma en la ley de protección de costas en España ha concedido un período de gracia de 75 años a alrededor de 24.000 edificios que se encuentran a pie de playa. En virtud de la legislación anterior, estas viviendas tenían que ser demolidas al encontrarse en la franja costera, que se considera terreno público. Entre los afectados también hay extranjeros, a los que los bancos les habían vendido la tierra como una inversión, pero que desconocían el reglamento. Ahora, estas personas pueden respirar aliviadas. Sin embargo, los ecologistas españoles han hecho sonar la alarma. La reforma de la ley sigue permitiendo la destrucción de la costa y significa que las playas terminarán vendiéndose a los inversores privados.