Guerra al crimen organizado

Los problemas parecen difícilmente superables: en Alemania operan 3.600 grupos criminales, con entre 20.000 y 30.000 miembros. Según los cálculos,el daño económico que producen todas estas bandas en el país anualmente asciende a entre 500 y 600 millones de euros.

Las fuerzas policiales alemanas operan asfixiadas por una camisa de fuerza. Las restricciones legales hacen que a menudo sea difícil reunir las pruebas necesarias para clarificar los hechos delictivos. Las informaciones, por ejemplo, en muchas ocasiones ni pueden compartirse ni hay capacidad para almacenar tantos datos.

Los organismos de seguridad y las fiscalías acumulan montañas de material necesario para procesar y condenar a los culpables. Según las estimaciones, hay aproximadamente un petabyte de información esperando a ser analizada. Para hacerse a la idea de la cantidad, supone 400 millones de carpetas, cada una con 500 folios. Las razones son varias, aunque entre ellas destacan las dificultades para obtener asistencia jurídica internacional y los graves retrasos que acumulan las administraciones.

El crimen organizado que realiza delitos en Alemania opera en el 80% de los casos desde otros países del mundo. Algo imposible de atajar desde hace tiempo sin la cooperación de las autoridades extranjeras.

El porcentaje de casos resueltos el pasado año -en el que se produjeron más de 150.000 actos criminales- no supera el 15%, lo que debe alegrar a los delincuentes. Sin embargo, la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, por sus siglas en alemán), la Interpol y la Europol se están preparando para contraatacar de forma efectiva.

Plan de ataque

“Tenemos que acertar en el corazón de los delincuentes”, aseguró el futuro jefe de la BKA, Holger Münch. El recurso principal de la delincuencia organizada es el dinero. Sobre esta base se cimenta hoy en día la criminalidad: alta tecnología, acceso a fondos y retirada de los mismos.

Para dificultar el acceso al dinero, el ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, quiere proponer un proyecto de ley en el Parlamento alemán. El problema es que los fiscales alemanes tienen que demostrar que los fondos que deben ser confiscados proceden en realidad de actos delictivos. Algo que en muchas ocasiones es difícil probar. Según parece, el modelo a seguir es Italia. Allí, los sospechosos deben probar ellos mismos que los fondos investigados proceden de negocios legítimos. “La inversión de la carga de la prueba”, lo llaman los juristas. Para medir el éxito de este aparentemente pequeño cambio, sólo hace falta comparar la suma de fondos incautados: En Italia, más de 40 millones de euros fueron confiscados a las mafias, frente a los 80.000 que decomisó Alemania. Esto debe cambiar.

Las estructuras policiales se están reconstruyendo. Centros defensa de gran alcance combinan sus conocimientos y habilidades. Así nace el “J-CAT”, un sistema puesto en marcha por Europol que permite unificar información y apunta al lugar donde se mueve la mayoría del crimen organizado hoy en día: internet.

El danés Troels Oerting coordina el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol. Durante la conferencia de la BKA, Oerting afirmó: “Soy optimista, creo que no nos vamos a hundir, sino que vamos a ganar la batalla”.

Oerting señaló que, por primera vez, expertos de 28 países tienen la posibilidad de trabajar conjuntamente a diario. Los mejores profesionales proceden de empresas de seguridad privada, de administraciones públicas, universidades, centros de competencia y comercio cibernéticos. Los agentes son capaces de monitorear las actividades delictivas, dibujan los patrones de actuación y coordinan las respuestas de forma conjunta.