La lucha por la tierra en Uganda

En las orillas del lago Victoria, en el este de Uganda, los campesinos cultivan hortalizas en el campo y realizan reparaciones en sus chozas de madera, con techos de paja. Mientras tanto, el ganado pasta cerca de los pinos y eucaliptos. No muy lejos de allí, un grupo de trabajadores opera para una compañía forestal noruega. La escena es engañosamente tranquila.

Las comunidades establecidas en la Reserva Forestal Bukaleba, y alrededor de ella, se quejan de que están siendo privadas de la tierra en la que han trabajado y vivido desde los años 70, cuando fueron alentados por el gobierno de Idi Amin Dada para establecerse allí.

Con el tiempo, las aldeas fundadas no pudieron resistir al curso de los acontecimientos, ni a los feroces intereses lucrativos. A finales de la década de los 80, la administración regional comenzó a expulsar a la gente de las tierras supuestamente degradadas e infrautilizadas.

Sin embargo, según un estudio publicado en 2014 por Kristen Lyons y un equipo de investigadores del Instituto Oakland (una fábrica de ideas de política ambiental con sede en California), las comunidades se vieron obligadas a trasladarse para dar paso a inversionistas forestales privados. Entre ellos, la compañía noruega Green Resources, que en 1996 compró un contrato de arrendamiento de 9.000 hectáreas de tierra por un período de 50 años al gobierno ugandés en Bukaleba.

La empresa anuncia, en su web, que es la mayor compañía forestal de África con 41.000 hectáreas de bosque intacto en Mozambique, Tanzania y Uganda. Además, elogia sus credenciales ecológicas, diciendo que comercia con la madera de sus propias plantaciones, reduciendo así la carga del bosque natural. La compañía también vende reducciones de emisiones, con lo que otras empresas y países pueden compensar el carbono que producen. Sin embargo, también se le acusa de apropiación de tierras.

Grandes ambiciones que no dan en el blanco

Estas ambiciones ecológicas, junto con la promesa de invertir en las comunidades locales, enmascararon en un principio a la empresa con beneficios sociales y ambientales. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

"Muchos miles de personas no solo vivían en esta tierra, sino que dependían de ella para sobrevivir”, explica Kristen Lyons a DW, profesora de medio ambiente y desarrollo de la Universidad de Queensland en Australia.

"Después de que Green Resources obtuviera su contrato de arrendamiento con el fin de plantar árboles para las compensaciones de carbono, estas personas ya no pudieron acceder a las tierras que habían sido vitales para su vida y subsistencia”, explica.

No obstante, también reconoce que Green Resources ha introducido medidas importantes, como la provisión de suministro y equipo médico, la concesión de becas de educación para niñas o la distribución de semillas de árbol. Asimismo, ha permitido a la comunidad el acceso al bosque para obtener leña como combustible. Sin embargo, Lyons cree que todas estas medidas no son más que una gota en medio del océano y no ayudan a eliminar el problema fundamental.

"La gente nos dice una y otra vez, que todo eso está muy bien, pero que no es lo que necesitan. Lo realmente importante sería una garantía de acceso a la tierra y al agua”, critica Lyons. La investigadora ha recolectado historias de campesinos locales, que fueron expulsados de su tierra y a los que posteriormente se les ha negado el acceso a los sitios sagrados del bosque, a las plantas medicinales, al agua y a las áreas de pastoreo del ganado, que habían utilizado hasta entonces.

Una larga historia de desalojo

A pesar de ser medidas de desplazamiento, que se remontan a finales de los años 80, estas prácticas han seguido vigentes bajo el ejercicio de Green Resources, según cuentan los lugareños. Incluso afirman que se lleva a cabo por empleados del gobierno, del ejército y de la policía.

Algunos aldeanos informan que fueron expulsados de sus hogares sin previo aviso, a veces incluso con violencia. Sin ningún lugar a donde ir, a menudo terminan en humedales protegidos, donde pueden pastar sus animales. No obstante, si los atrapan, los animales son confiscados. El impacto de esta práctica pone en peligro su vida.

"Sobrevivía plantando fruta y verdura en mi pequeño jardín, pero en cuanto llegó la época de la cosecha, lo destruyeron todo con la excusa de que no había plantado árboles”, cuenta Lyons sobre una mujer que rehusó a decir su nombre por temor a la recriminación. "Entonces me dirigí a otra zona rocosa en la colina para tratar de cultivar comida, pero ahí se secó la mandioca. Ahora vivo de la limosna de otros vecinos del pueblo”, continúa.

Green Resources asegura en su web que no es responsable de ningún desalojo. Más bien fue la Autoridad Forestal Nacional de Uganda (NFA, por sus siglas en inglés), la que expulsó a las personas, que habían quedado en la reserva y que no se habían adherido a ningún acuerdo anterior para su traslado pacífico. La empresa añade que nadie resultó herido durante el proceso, que "rechaza fundamentalmente la violencia” y que "de ninguna manera apoyaría tales actividades”.

Green Resources reconoce que ha cometido errores en Bukaleba y dice que trabaja continuamente en mejorar sus prácticas de negocio. A su favor también dice que emplea a los locales. El estudio del Instituto Oakland, por el contrario, advierte que muchos de ellos renuncian al puesto en protesta por las condiciones de trabajo.

¿La tierra como un bien común?

Unas 500 hectáreas del área protegida del bosque fueron reservadas por la NFA para la comunidad. Esa fue una de las condiciones que debía cumplir Green Resources para obtener el contrato de arrendamiento y para establecer y operar la plantación de árboles en Bukaleba.

Pero cuando el Instituto Oakland visitó la zona en 2013, los campesinos se quejaban porque no tenían acceso a la tierra y estaban confundidos por los siempre "cambiantes límites”, así como por la falta de transparencia a la hora de saber quién es elegible para utilizar la tierra. Una visita de la agencia de noticias Reuters a la región, en 2016, reveló que la tierra aún no estaba disponible para la población local.

DW se ha puesto en contacto con Green Resources, pero no ha recibido una respuesta en el momento de la publicación de este artículo.

En su web, la empresa, respaldada por los accionistas, dice que la zona pertenece oficialmente al gobierno, y como tal, es "tarea del mismo entregar la tierra”. Green Resources también dice que gestiona la reserva forestal de acuerdo con la ley ugandesa y las normas internacionales, que no permite a nadie utilizar el terreno, aparte del arrendatario que tiene la licencia, y exclusivamente con fines forestales. Eso significa que la tierra no puede ser utilizada por terceros, ni para la agricultura, ni para el pastoreo del ganado. Sin embargo, la compañía afirma que permite el pastoreo en áreas no cultivadas, y que están claramente señalizadas.

¿Una historia africana?

Actualmente se escuchan historias similares sobre la propiedad de la tierra y su uso en Uganda y el resto de África.

Más del 66% del continente africano posee una distribución de la tierra tradicional e informal, que se transmite entre las comunidades, según "The Economist”. Asimismo, la falta de poder demostrar la propiedad de la tierra está directamente relacionada con altas tasas de pobreza, según Oxfam.

En ausencia de títulos de propiedad formales, que otorguen reconocimiento legal, las comunidades, son vulnerables a la "apropiación de tierras” por inversores extranjeros y gobiernos, que buscan extraer recursos o satisfacer la creciente demanda de alimentos e incluso de biocombustibles.

Aunque es difícil conseguir cifras exactas de los acuerdos sobre tierras, Land Matrix (una base de datos en línea, que recopila transacciones de mercados de tierras públicas) revela que África es el continente más buscado para adquirir tierras a gran escala. La mayoría de las transacciones se producen en África subsahariana, donde en conjunto, se estima que un área del tamaño de España es alquilada a inversores extranjeros.

"Desde la crisis alimentaria y financiera de 2007 y 2008, hemos visto un auge en la venta y cobro de tierras para la agricultura y la explotación de recursos”, cuenta Marc Wegerif, experto en política de los derechos de la tierra en Oxfam. Según Wegerif, los inversores están aprovechando para adquirir grandes extensiones de tierra a bajo coste. "Básicamente, hay una mercantilización de la tierra donde no hay un mercado de tierras regulado y con ello están haciendo grandes ganancias”, añade. "Esto, sin embargo, genera ciertas amenazas para la población local, sobre todo, en cuanto a sus medios de subsistencia. Todo ello hace que los conflictos aumenten y se aviven”, finaliza.

 

Autora: Jennifer Collins