Arremetida contra las "ciudades refugio" es inhumana

Sí, el ingreso y permanencia en Estados Unidos sin documentos válidos infringe la ley. Sí, la consecuencia de semejante infracción puede ser la deportación. Y sí, no es necesario estar de acuerdo con la postura de algunas localidades conocidas como "ciudades refugio", es decir, ciudades o comunas que se rehúsan parcial o totalmente a cooperar con las autoridades federales en el rastreo de inmigrantes ilegales. No obstante, tras sopesar los hechos, en el conflicto entre el Gobierno de Trump y las comunas uno no puede sino ponerse de parte de las "ciudades refugio".

Para poder aquilatar correctamente el duro proceder del Gobierno de Trump contra los inmigrantes ilegales, se debe saber que en Estados Unidos hay una cifra estimada de 11 millones de personas indocumentadas. La mayoría de ellas vive en el país hace 10 o más años, según datos del instituto demoscópico Pew Center. Hoy constituyen cerca del cinco por ciento de la población que trabaja en el sector civil.

Separación de familias

A diferencia de ampliamente difundidos prejuicios, diversos estudios revelan que la tendencia no apunta a que los inmigrantes ilegales sean más criminales que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. De esta comparación se excluye lógicamente el delito del ingreso ilegal que, por definición, no pueden cometer los estadounidenses nacidos en el país. Además, la entrada ilegal es considerada una infracción civil más que una infracción criminal. Por esos motivos, las grandes redadas del Gobierno de Trump resultan desproporcionadas. Apuntan en gran parte a personas intachables que trabajan duro y que, aparte del ingreso ilegal al país ocurrido por lo general hace muchos años, no han cometido delito alguno, y no a criminales de marca mayor, como se afirma a menudo.

Si uno se fija además en las consecuencias individuales de esa política - como la dramática deportación a El Salvador de un joven descrito por los medios locales como una estrella de fútbol que estaba a punto de entrar a la universidad con una beca, o como el caso de un padre de familia que vivía desde hace 16 años en Estados Unidos y fue expulsado mientras su hijo estaba en la escuela- queda claro que el duro proceder del Gobierno es inhumano y desproporcionado, porque desgarra familias innecesariamente y propaga el miedo entre los inmigrantes. De acuerdo con datos oficiales, en las últimas grandes redadas de fines de julio fueron detenidas 650 personas, de las cuales la mayoría (520) no había cometido ningún delito, aparte de su permanencia ilegal en el país. Entre los detenidos se contaban 38 menores de edad.

Jurídicamente controvertido

El hecho de que justamente el gobierno republicano de Trump y del ministro de Justicia Jeff Sessions, un halcón proveniente de Alabama, quiera forzar a las comunas a colaborar en la búsqueda de inmigrantes ilegales, no solo tiene cierta ironía, sino que es un descaro. Muchas veces son los propios republicanos los que protestan contra lo que consideran excesos del gobierno central  y reivindican los derechos de los estados a la autodeterminación.

Precisamente esa argumentación podría echar por tierra el intento del Gobierno de Trump de forzar a las comunas a participar en el rastreo de inmigrantes ilegales. Porque los tribunales podrían dictaminar que la amenaza del gobierno de entregar determinadas subvenciones federales solo a las comunas que ayuden a implementar la política de inmigración de Washington viola la Constitución. Tradicionalmente es prerrogativa del Congreso, y no del Ejecutivo, determinar las condiciones para la asignación de subvenciones federales. Ante una demanda de San Francisco, los tribunales ya frenaron un intento previo del Gobierno de Trump de recortar fondos a comunas poco cooperadoras. Algo similar podría ocurrir con la nueva tentativa de Washington de supeditar la entrega de dinero a la colaboración con su política de inmigración, contra lo cual Chicago ya interpuso una demanda.

Proyectos de infraestructura

Pero, independientemente de la situación legal y del hecho de que la dura política de Trump contra los inmigrantes ilegales es errónea,  muchas comunas simplemente tienen otras preocupaciones que la de ayudar a Washington a perseguir a gente que en su mayoría no tiene antecedentes penales. En lugar de tratar de quitarle dinero a los municipios, el Gobierno de Tump haría bien en emprender los grandes proyectos prometidos por el presidente en su campaña para mejorar la ruinosa infraestructura del país.