Opinión: ¿Por fin habla en serio la Justicia brasileña?

De la nada no aparecieron los policías federales que se llevaron de madrugada a Luíz Inácio da Silva. Desde hace meses se decía que el expresidente estaba implicado en la operación "Lava Jato", un sistema de lavado de dinero de la empresa petrolera semiestatal Petrobras. El que fuera llevado a declarar, sin embargo, fue un bombazo, puesto que indica que incluso el todavía muy popular “Lula” no está por encima de la ley.

En Brasil casi nadie daba por sentado que esto podría ocurrir. Y es que la lista de políticos que, aun siendo culpables, nunca fueron acusados, o fueron acusados pero nunca fueron imputados, o fueron imputados pero nunca condenados, es muy larga.

Inmunidad ilimitada

Los dos más prominentes siguen ocupando cargos públicos. Por un lado, Fernando Collor de Mello, que en 1992 fue cesado de su cargo como presidente, representa desde 2007 al estado de Alagoas en el Senado brasileño.

Y qué decir de Paulo Maluf, quien fuera gobernador del Estado de Sao Paulo y dos veces alcalde de la metrópoli de mismo nombre. Desde hace décadas está imputado por casos de corrupción, establecimiento de una organización criminal y desfalco. Contra él pesan varias órdenes de detención internacionales. Recientemente, en 2015, fue condenado por un tribunal francés por lavado de dinero. En portugués de Brasil, de hecho, el verbo “malufar” se utiliza como un sinónimo de apropiación indebida de fondos públicos. A pesar de todo, Maluf afronta su cuarto mandato como diputado en el parlamento brasileño.

Ley contra los políticos corruptos

La culpa de que estas personas sigan siendo elegidas una y otra vez para ocupar cargos políticos es de los votantes. Pero lo más sorprendente es que sigan pudiendo ser candidatos en vez de estar en prisión. Esa es la pregunta que hay que hacerle a la Justicia brasileña.

Desde 2010, por lo menos, se cuenta con una base jurídica. En aquel entonces, el presidente Lula da Silva firmó la ley “Historial limpio”, que inhabilita a los ciudadanos previamente condenados a ocupar cargos públicos durante ocho años. Al menos en teoría, ya que para poder aplicar la ley hacen falta fiscales y jueces eficientes e independientes.

Sospechas de parcialidad

De esos hay muy pocos, opinan muchos brasileños, sobre todo entre los seguidores de Lula da Silva, su sucesora Dilma Rousseff y los militantes del Partido de los Trabajadores (PT). Ellos albergan fuertes reservas contra el poder judicial: ¿Por qué fueron condenados altos funcionarios del izquierdista PT durante el escándalo “Mensalão”, mientras que en el caso -en principio mucho más pequeño, pero del mismo tipo- de corrupción del partido socialdemócrata PSDB en el estado federal de Minas Gerais ni siquiera se siguió investigando?

Los detractores del PT, por el contrario, no se explican por qué Lula no fue procesado en aquel momento. Como jefe del partido, ¿no tendría que haber estado informado de que su tesorero compró durante años votos parlamentarios con dinero público? Por lo menos ellos deben estar experimentado ahora una cierta satisfacción.

Esperanza en la Justicia

Que crean en la independencia del poder judicial, es otra cuestión. Más de 30 años después de la restauración de la democracia sería hora de que el poder judicial se labrara una credibilidad razonable. Los investigadores de la operación "Lava Jato" están contribuyendo a ello. Ellos por lo menos se han atrevido a llevar a declarar a Lula, uno de los personajes más populares e importantes de Brasil. Pero es mucho más importante que, en el curso de la operación "Lava Jato", sigan investigando consecuentemente, incluso por sobre las fronteras partidistas.

Decisivo para la reputación del sistema judicial brasileño será que, ahora y en el futuro, se investiguen los indicios sin tener en cuenta las consecuencias políticas y económicas.