Este domingo (16.06.2019), cientos de miles de personas volvieron a tomar las calles de Hong Kong. Exigen que se anule definitivamente el proyecto de ley para autorizar extradiciones a China y que Carrie Lam, jefa del Ejecutivo de esa metrópolis, renuncie a su cargo. Cargada de rabia, la gente no solo protesta contra el proyecto de ley en sí mismo, sino contra el acercamiento de la isla a Pekín y a favor de que Hong Kong conserve su identidad.
Hong Kong es completamente diferente de la China continental
La ley fundamental de Hong Kong garantiza derechos civiles y libertades, siguiendo el ejemplo occidental de los colonizadores británicos. Se trata de un orden democrático marcado por Occidente, por el Estado de derecho, por la libertad de prensa y la libertad de expresión. En el vocabulario de la China continental, todos esos principios son palabras exóticas.
Deng Xiaoping, el político reformador de China, formuló la base para la reunificación de la siguiente manera: "Un país, dos sistemas”. Se supone que eso quiere decir: China asume las tareas de la política exterior y la defensa, y los habitantes de Hong Kong tienen permitido hacerse cargo del resto. Eso hace que Hong Kong disfrute de un estatus especial; por eso es completamente diferente de la China continental: tiene otro sistema político, otra moneda, otro dialecto, otros tomacorrientes y otras leyes de tránsito. Y la gente de Hong Kong está orgullosa de todo eso.
Sin embargo, la realidad política es diferente desde hace mucho tiempo; el proyecto de ley para facilitar las extradiciones es solo el catalizador de las protestas. El descontento de los habitantes de Hong Kong sobre la constante injerencia de Pekín es grande. Puede que el embajador de China en Gran Bretaña haya negado que Pekín tenga interés en la promulgación de esa normativa; pero son muchos los indicios de que es así. El tiempo reservado para las intervenciones durante las lecturas del consejo fue restringido; el proceso se desarrolló a toda prisa. Pocos Gobiernos pueden hacerse los sordos cuando uno de cada siete electores sale a la calle a protestar; pero el Ejecutivo de Carrie Lam sobresale por su testarudez. Ahora, ni siquiera el anuncio que hizo el sábado de que suspendería el proceso de aprobación de la ley para facilitar la extradición va a apaciguar los ánimos.
Es cierto, debido a la jurisprudencia vigente, un asesino confeso de Hong Kong, que mató con alevosía a su novia embarazada en Taiwán en 2018, no puede ser extraditado. Pero instrumentalizar ese caso para levantar la prohibición de extraditar a China continental, a Taiwán y a Macao, en lugar de buscar una solución para este problema puntual, es un acto desproporcionado.
La penalización de los críticos del régimen
¿Quién necesita con más urgencia que el instrumento legal de la extradición se aplique? ¿Se acuerda usted del librero Bo Lee, de Causeway Bay Books, quien vendía libros prohibidos sobre el descubrimiento de escándalos en China continental? En 2015, él desapareció en Hong Kong sin dejar rastro y luego apareció en China continental. Según Pekín, viajó voluntariamente; pero Lee no tenía documentos de viaje consigo y las autoridades fronterizas de Hong Kong no registraron su salida legal del territorio.
También está el caso del empresario multimillonario Xiao Jianhua, quien, tras la publicación en 2017 de un reportaje del "Financial Times” sobre su apartamento de lujo en Hong Kong fue "contactado por cinco o seis agentes del aparato de seguridad estatal chino, vestidos de civil, y transportado a China continental junto a dos de sus guardaespaldas”. Su paradero y las acusaciones en su contra siguen siendo desconocidos.
Los antiguos legisladores de Hong Kong fueron cuidadosos al establecer por qué personas sospechosas de haber cometido crímenes no debían ser extraditadas a la China continental. La razón es: que allá no existen los procesos justos, que allá la Justicia no es independiente. Activistas y críticos del régimen exiliados podrían terminar siendo arrestados en Hong Kong; basta con que transiten su aeropuerto para caminar de un avión a otro. En algún momento, cualquiera en Hong Kong estará expuesto a ese riesgo. De llegar a ese punto, Hong Kong sería como cualquier otra ciudad de la China continental.
La democracia quedó relegada a un segundo plano
Según el artículo 5 de su ley fundamental, Hong Kong tiene permitido disfrutar de sus libertades durante cincuenta años. Sin embargo, a 22 años del retorno de Hong Kong a China, la situación es completamente diferente. En Hong Kong, la verdadera democracia quedó relegada a un segundo plano hace mucho.
La elección directa de varios puestos del consejo legislativo y de la jefatura ejecutiva, prevista de manera explícita en la ley fundamental, fue puesta en espera. En lo que respecta a estos órganos, Pekín tiene los hilos en sus manos. La jefatura ejecutiva es elegida por un comité en el que los funcionarios pro-China tienen la mayoría absoluta. Y en el Parlamento de la ciudad solo 35 de los 70 escaños pueden ser elegidos directamente. En el actual período legislativo, la fracción democrática únicamente tiene 26 curules. Es sobre todo la generación joven de Hong Kong la que está en desacuerdo con las imposiciones de Pekín; esa generación es la que está fundando partidos que exigen la independencia.
De momento, Pekín conserva la calma y rechaza las "interferencias extranjeras en sus asuntos internos”. Debido a la censura prevalente, en la China continental no se lee nada –absolutamente nada– sobre las manifestaciones masivas de Hong Kong. A los líderes del Partido Comunista les basta con que el principio de "un país, dos sistemas” se lea sobre papel. El papel lo aguanta todo.
(erc/eal)
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