Países de la UE adoptan nuevas reglas para insolvencias

La Unión Europea adoptó unas reglas sobre nuevos procedimientos de insolvencia que obligarán a los Estados miembros a publicar en registros información sobre empresas en suspensión de pagos, para facilitar a los acreedores de otros países comunitarios el cobro de sus deudas. La adopción en primera lectura permitirá al Parlamento Europeo, con el que los países ya llegaron a un compromiso sobre la regulación en noviembre pasado, aprobar el texto en segunda lectura en su sesión de mayo o junio, informó el Consejo de la UE.

Las normas pretenden hacer los procedimientos de insolvencia transfronteriza más eficientes y eficaces, beneficiar a los deudores y a los acreedores, facilitar la supervivencia de negocios y dar una segunda oportunidad a los emprendedores. Los cambios también alinean el reglamento actual de insolvencia con las legislaciones nacionales introducidas desde la entrada en vigor de las normas comunitarias en 2002.

Según la Comisión Europea, cada año en la Unión Europea los procedimientos de insolvencia afectan a unas 200.000 empresas, lo que quiere decir que se ponen en peligro 1,7 millones de puestos de trabajo. Una cuarta parte de estos procedimientos tienen implicaciones transfronterizas.

El alcance del reglamento se ha ampliado para cubrir también procedimientos que proveen para una reestructuración de un deudor en una fase en la que existe solo una probabilidad de que incurra en suspensión de pagos, que dejan al deudor plena o parcialmente en control de sus activos y actividades y que establecen la liquidación de la deuda o un ajuste de la deuda para consumidores y autónomos.

Las nuevas normas mejoran asimismo el marco para determinar la jurisdicción en los procedimientos y se clarifica más el concepto de "centro de interés principal" a fin de dar directrices a todos los afectados y aumentar la certidumbre jurídica. Las reglas incluyen además una serie de salvaguardas dirigidas a prevenir "la búsqueda del foro más favorable" y definen situaciones específicas en las que un tribunal confrontado con una solicitud para abrir procedimientos secundarios puede rechazar o posponerlos. El tribunal puede hacerlo si lo solicita el administrador concursal en el caso principal.

Los Estados miembros tendrán que publicar por otra parte en registros de insolvencia públicamente y electrónicamente accesibles información relevante en casos de quiebras transfronterizas. Ello facilitará los procedimientos a acreedores y tribunales implicados y prevendrá la apertura de procedimientos paralelos de insolvencia. Los registros estarán interconectados con el portal e-Justicia para facilitar el acceso a información por parte de acreedores y tribunales en otros Estados miembros. Asimismo, la regulación contiene una serie de reglas de procedimiento que aseguran la administración eficaz de procesos de insolvencia relacionados con diferentes empresas de un mismo grupo (efe).