Por el respeto a la memoria

Brasil enfrenta el enorme desafío de volver a colocar la historia y la memoria del régimen militar en la agenda. Las dictaduras latinoamericanas no se pueden entender como fenómenos totalitarios clásicos, caracterizados por un masivo apoyo colectivo que derivara en prácticas comunes de graves incumplimientos de los derechos humanos, aceptadas por una amplia mayoría. Se trataba, por el contrario, de sistemas políticos bastante menos arraigados y que por ello enfrentaron una resistencia abierta. De ahí que los militares tuvieran grandes dificultades en reconocer públicamente las prácticas de la tortura y de la eliminación de opositores políticos. Fueron diferentes, por lo tanto, no solamente en cuanto a la dimensión del horror.

La Ley de Amnistía

La apertura política de Brasil comenzó bajo la vigencia del estado de excepción. Cierto es que en 1979, cuando el Gobierno del General Figueiredo aprobó la Ley de Amnistía, la dictadura se estaba tambaleando. La peor crisis de la historia económica reciente del país aplastaba a los grupos económicos influyentes e incrementaba el descontento de amplios sectores de la población. Éste se manifestó finalmente en las derrotas de los militares en las elecciones de 1974 y de 1976. La oposición más fuerte venía del movimiento obrero, que vio nacer, en ese periodo, uno de los liderazgos políticos más importantes del país: el de Lula. El hundimiento de la industria obligó al régimen a una mayor apertura, ya que evidenció la crisis de las estructuras de la represión a través de la desobediencia abierta y victoriosa de las grandes huelgas de 1978 y 1979.

En ese contexto de apertura forzada, la Ley de Amnistía representó la primera etapa para la reconstitución del Estado de Derecho y la reconciliación de la Nación con su propio pasado. El senador Teotonio Vilela, relator de la Ley de Amnistía, definió muy bien su significado en aquel entonces, al considerar que la amnistía “es el reencuentro de la Nación consigo misma, después de tantos errores y animosidades. Se procura así, mediante el olvido de los hechos, restablecer por medio del respeto a la ley, la convivencia de personas desavenidas en torno a los altos intereses que consolidan la unidad nacional.”

Avances y concesiones

Desde la perspectiva actual se debe restar importancia a aquella victoria. Su resultado fue lo entonces posible, no obstante cierto sentimiento de frustración que se avino luego. Fue el principio de una lucha durísima que continuaría con el movimiento “Directas Ya” y la elección de Tancredo Neves y que culminaría finalmente en la Constitución de 1987/88. Como toda lucha, implicó avances pero también concesiones.

El Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff retomó el debate y encaminó la propuesta de crear una Comisión Nacional de la Verdad, cuyo objetivo consiste en esclarecer los casos de graves violaciones de derechos humanos, promoviendo el esclarecimiento detallado de los casos de torturas, muertes, despariciones forzadas y la ocultación de los cuerpos así como a los autores de dichos crímenes. Esto simboliza “un extraodinario avance en la experiencia brasileña”, como ha dicho la procuradora del Estado de Sao Paulo, Flavia Piovesan, pues consagra el derecho irrenunciable a la memoria y la verdad, permitiendo la reconstrucción histórica de graves casos de violaciones de derechos humanos.

Entiendo que la Comisión no deba tener un carácter persecutorio ni ser confundida con ninguna idea de revanchismo. Es un paso indispensable para promover la reconciliación nacional con el objetivo de garantizar que estos hechos nunca se vuelvan a repetir. La experiencia del pasado, en ese sentido, debe impulsar las perspectivas de futuro.

Paulo Paim (PT),
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado