Río de Janeiro tras el control militar contra la violencia

Ante la violencia y el caos en Río de Janeiro, los militares asumieron el control de la seguridad a mediados de febrero de 2018. ¿Ha servido para frenar los tiroteos y los asaltos? DW hace un balance de la intervención.

A principios de diciembre de 2018, tuvo lugar una escena desacostumbrada incluso para Río de Janeiro, una ciudad habituada a la violencia. En mitad de una celebración religiosa, la Policía militar irrumpió en la iglesia de la "Assembleia de Deus", situada en la calle São Miguel, la principal avenida de la favela de "Morro do Borel".  Supuestamente, los oficiales querían detener a traficantes de drogas que creían escondidos dentro del templo. "En medio de la Iglesia, en mitad de la casa de Dios. Pero ¿qué es esto?", dijo alguien horrorizado. Entonces se desató el infierno en el templo. Desde las colinas circundantes, los traficantes iniciaron un fuego cruzado con los policías atrincherados en la iglesia, que respondían con disparos desde las ventanas.

Días después del suceso, un silencio poco habitual reinaba en "Morro do Borel”. Policías militares fuertemente armados y ataviados con chalecos antibalas vigilaban los accesos, observando con desconfianza a los transeúntes. Al preguntar a los habitantes de la favela qué sucede, la respuesta habitual es el silencio. "Normalmente, aquí todo es tranquilo”, dice Henrique, de 65 años, que vive desde hace tres décadas junto a la iglesia. "Mejor dicho, la mayoría de las veces es tranquilo, hasta que sucede algo, un episodio esporádico”, matiza.

Pero los tiroteos en Río de Janeiro no son en absoluto esporádicos. Desde que a mediados de febrero de 2018 el presidente de Brasil Michel Temer asumiera el control del aparato de seguridad del estado de Río de Janeiro, los tiroteos aumentaron un 56 por ciento hasta alcanzar los ocho mil. 161 personas resultaron afectadas en ellos por balas de rebote.

Brasil: pobreza infantil... y desconfianza en la Policía.

Más de mil personas fallecidas

Pero el balance más aterrador de la intervención militar de Río de Janeiro es el incremento de fallecidos a manos de la Policía militar. Hasta noviembre de 2018 fueron 1.444 personas, lo que supone la cifra más elevada alcanzada jamás en Río de Janeiro y un 40 por ciento más que el año anterior. "Eso es un escándalo”, dice a DW la socióloga Julita Tannuri Lemgruber. "A finales de  año alcanzaremos la cifra de 1.500 personas asesinadas por la Policía”, agrega. 

También la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) critica la mano dura: "Las operaciones militares que dejan una huella mortal en los barrios pobres no mejoran la seguridad pública", dice Daniel Wilkinson, director de HRW. "Muy al contrario, conducen a que la gente de las favelas teman a la Policía y duden en ayudar en la lucha contra el crimen", asegura.

Repetidos fracasos estratégicos

Una mirada retrospectiva nos da una idea más certera del retroceso sufrido en el terreno de la seguridad pública. En el año 2008, el Gobierno regional de Río de Janeiro empezó a desplegar unidades policiales por las favelas, las llamadas "Unidades de Polícia Pacificadora" (UPPs). Hasta el  año  2013, la violencia disminuyó en Río y surgió la esperanza de acabar por fin con la espiral de violencia. 

Pero, desde 2014, la Policía perdió el apoyo de la población de los barrios pobres. La crisis presupuestaria provocada por la recesión tuvo su impacto. La Policía no disponía ni de repuestos ni de gasolina para sus antiguos autos patrulla. Mejor armados que los oficiales estaban los integrantes de las bandas que traficaban con drogas y las florecientes milicias. Desde entonces, impera una guerra sangrienta entre la Policía, los grupos paramilitares, las milicias policiales y las bandas de drogas. Los militares prometieron al principio de la intervención que reforzarían los métodos de investigación inteligentes, pero, al final, la mayoría de los incidentes se resuelven en tiroteos salvajes en los barrios más pobres.

Now live
12:00 minutos
El reportero | 16.06.2018

Río de Janeiro y el Ejército (junio 2018)

"Las grandes operaciones no sustituyen a las reformas estructurales"

"La intervención de Río de Janeiro por parte de las fuerzas de seguridad no ha resuelto los problemas estructurales de la seguridad pública", resume el informe del Observatorio de la Intervención, un comité de la sociedad civil. "En lugar de eso, hemos visto que se sigue apostando por la estrategia del conflicto armado, se emplea el dinero para grandes operaciones y se prescinde de llevar a cabo reformas estructurales de las fuerzas de seguridad." Al principio, la mayoría de los habitantes defendieron la intervención militar. A mediados de febrero de 2018, el presidente Michel Temer retiró el control al Gobierno regional de Río del golpeado aparato de seguridad y de las prisiones.

Temer nombró al general Walter Braga Netto como coordinador y puso a su disposición alrededor de 400 mil millones de dólares para equipar a las fuerzas de seguridad. Pero ni siquiera la inversión económica ha dado resultados. Hasta principios de diciembre, Braga Netto no pudo gastar en equipamiento la mitad de la suma. Según el general, "la culpa es de la completa incapacidad y la desidia del aparato del Estado a la hora de hacer ofertas públicas”. Incluso para la compra de armas, la burocracia resultó "desbordante”. "Nunca pensé que la capacidad de maniobra del Estado era tan pequeña”, dijo Braga Netto a mitad de diciembre.

Menos asaltos a camiones

Por lo menos, los soldados desplegados en las calles principales y adyacentes consiguieron reducir el número de asaltos a camiones. Según el balance publicado por el Observatorio de la Intervención, hubo un 14.4 por ciento menos, motivo por el cual los medios alabaron la labor de los militares. "Algo inapropiado”, observa la socióloga Lemgruber. "Considero absurdo que la intervención se concentre de esa manera en delitos contra la propiedad”.

Lemgruber es escéptica sobre las perspectivas ante la toma de posesión del nuevo Gobierno de Brasil y del Gobierno regional de Río en enero de 2019. "Será peor, ya que ambos Ejecutivos promueven la violencia y la población de las favelas será la que sufra las consecuencias”. En la favela "Morro do Borel" hay miedo por los drones equipados con armas de precisión con los que el nuevo gobernador quiere neutralizar a los jóvenes armados de las bandas de traficantes. "Los drones son peligrosos”, dice Henrique. "Ya tenemos suficientes tiroteos aquí. Imagínese cómo sería con drones disparando desde arriba”.

(ms/eal)

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Entra en escena el financiamiento de las campañas

Ante la prohibición a las donaciones hechas por empresas, el Congreso creó en octubre de 2017 un nuevo fondo de 1,7 mil millones de reales para financiar candidaturas políticas. El 60 por ciento de fondo quedó en las manos de seis partidos: MDB, PT, PSDB, PP, PSB Y PR, dejando a los candidatos independientes con menos recursos.

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Cuando anunció, en 2016, su intención de disputar la elección presidencial, Lula se convirtió en el líder en las encuestas. En enero, sin embargo, su situación se complicó tras una condena en segunda instancia que lo dejó virtualmente inelegible. En abril, fue arrestado, con la posibilidad de que su candidatura fuera anulada. El PT comenzó a tener dificultades para formar alianzas.

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La posibilidad de que Lula quedara fuera y el sentimiento antipolítico entre la población, indicaban que ésta sería la elección de los "outsiders". El exministro del Supremo Joaquim Barbosa y el presentador Luciano Huck llegaron a aparecer en las encuestas. El empresario Flávio Rocha anunció su candidatura. Sin embargo, en julio todos habían desistido.

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La elección de 2018 parecía destinada a superar el número de candidatos de 1989, cuando 22 aspirantes disputaron la Presidencia. En abril había 23 nombres interesados en aparecer en la papeleta, entre ellos el presidente Michel Temer, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, y el expresidente Fernando Collor. Pero pronto desistieron. En agosto se llegó al número de 13 candidatos en carrera.

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La jugada de Alckmin con el "centrón" acabó aislando a otros candidatos. Jair Bolsonaro (PSL) intentó negociar con el PR, pero tuvo que contentarse con el PRTB. Ciro Gomes (PDT) también vio naufragar sus intentos de coalición. Los tres terminaron la fase de convenciones con poco apoyo y tiempo de TV.

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La fase de convenciones comenzó a finales de julio sin que la mayoría de los precandidatos tuviera un compañero de fórmula. Bolsonaro recibió tres rechazos hasta cerrar con el general Mourão (PRTB). Henrique Meirelles (MDB) y Ciro Gomes (PDT) se contentaron con nombres del propio partido. Alckmin fue rechazado por el empresario Josué Alencar antes de optar por Ana Amélia (PR).

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Con Lula virtualmente inelegible, la elección de su vicepresidente pasó a ser un trampolín para el candidato sustituto. A principios de agosto, el PT acabó eligiendo a Fernando Haddad, que desde el inicio del año era visto como "plan B". Manuela D'Ávila (PCdoB) quedó con la curiosa posición no oficial de "vice del vice", asumiendo la posición una vez que se supiera si Lula era candidato o no.

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Ataque a Bolsonaro

El candidato del PSL, Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora. Sus adversarios condenaron la agresión, y algunos llegaron a cambiar el tono de la campaña. Pero no hubo un impacto decisivo en el electorado, pues sigue liderando las encuestas aunque casi con el mismo porcentaje, mientras que el rechazo hacia él aumentó.

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Después de meses de suspenso y con el aval de Lula, Fernando Haddad fue oficializado candidato a la Presidencia por el PT el 11 de septiembre, a menos de un mes de la primera vuelta, lo que ocurrió una vez que se agotaron todas las posibilidades de que el expresidente participara en la carrera presidencial. El desafío desde entonces fue transferir los votos de Lula a Haddad.


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