UE enviará misión a Gibraltar para aliviar tensiones
19 de agosto de 2013
La tensión generada entre España y Reino Unido por la creación de un arrecife artificial que impide trabajar a los pescadores españoles frente a Gibraltar ha llevado a la Comisión Europea a decidir el envío de una misión de indagación a la zona. Madrid reaccionó al arrecife endureciendo los controles fronterizos, extendiendo en varias horas la espera para pasar de España a Gibraltar.
La decisión se tomó este lunes (19.08.2013) tras una conversación entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, quienes acordaron que la misión se enviaría “tan pronto como sea posible” para investigar el control de la frontera.
“El presidente Barroso expresó su esperanza de que España y Reino Unido aborden estas cuestiones de una manera que se ajusten a su pertenencia común a la UE”, añadió la Comisión en un comunicado. David Cameron, primer ministro británico, había solicitado ya el viernes 16 de agosto el envío de observadores.
Distracción por acusaciones
España pidió a Barroso que los observadores vayan más allá de revisar los controles fronterizos y que también analicen un posible lavado de dinero y contrabando. Rajoy “ha expresado la necesidad de verificar y controlar que la actividad económica de Gibraltar no vulnere la normativa relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad”, indicó La Moncloa en un comunicado.
Londres, en tanto, dijo por medio de un portavoz que busca resolver la disputa “por la vía de los medios políticos y a través del diálogo”, con la mirada puesta en el fin de “estos controles fronterizos totalmente desproporcionados”. Por su parte, el ministro Jefe de Gibraltar, Fabian Picardo, dijo en el periódico alemán Süddeutsche Zeitung que España usaba este conflicto para distraer la atención de las acusaciones de corrupción contra el Partido Popular.
“A estos estados les corresponde encontrar una solución y superar los obstáculos”, ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas un portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, quien reiteró que “cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera basado en el cruce sería ilegal”. España planteó la posibilidad de gravar en 50 euros el paso.
DZC (Reuters, dpa, Europa Press)