Un voto salva a Turquía de quedarse sin Gobierno

Lo difícil de la democracia es que las decisiones de la mayoría no sólo han de aceptarse cuando coinciden con las propias, sino también si se disiente. Sobre todo para las elites acostumbradas a ser oídas puede suponer este principio un verdadero reto. Y si esas elites se sienten, además, comprometidas en primer lugar con sus ideas, y sólo después con los valores democráticos, entonces se puede llegar a una situación como la que vive Turquía.

El Tribunal Constitucional de Turquía es “récord mundial en prohibición de partidos”, escribe el diario turco Referans y cita a su vez el rotativo alemán Süddeutsche Zeitung. Desde que los militares turcos protagonizaran en 1980 un golpe de Estado, del que surgió un nuevo orden jurídico y la Constitución actual del país, se han prohibido en Turquía 18 partidos y un sinfín de políticos han sido inhabilitados para ejercer esta profesión.

El último de los procesos iba encaminado a lograr el súmmum en la voracidad prohibitiva: presidente, primer ministro y Gobierno, todos ellos en sus cargos y elegidos democráticamente por la mayoría del pueblo turco, debían desaparecer del panorama político. Finalmente, el descabezamiento del Estado logró evitarse, por un voto. Es lo difícil de la democracia: a veces no basta con la mayoría, sino que además hacen falta los votos necesarios.

Siete jueces como mínimo

11 jueces del Tribunal Constitucional tenían en sus manos el futuro inmediato, y quizás lejano, de Turquía. Ellos eran quienes estaban llamados a decidir si el AKP, el partido conservador y de orientación musulmana que ostenta el Gobierno en Ankara; el presidente del país, Abdulá Gül; el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y otros 69 funcionarios suponían un peligro para el Estado. Seis magistrados votaron a favor, cinco en contra. Pero la prohibición y las inhabilitaciones requieren, según la Constitución turca, el consentimiento de un mínimo de siete jueces.

“Turquía respira aliviada”, podía leerse esta mañana una y otra vez en los titulares de la prensa turca. “Se va a abrir el infierno”, había predicho el vicepresidente del Tribunal, Osman Paksüt, antes del veredicto. Él mismo fue uno de los que votó en pro de la exclusión del AKP del sistema de partidos, y Paksüt sabía que ocho de los 11 jueces del Constitucional le deben sus cargos al presidente anterior y son reconocidos “kemalistas”. Lo sabía Paksüt y lo sabían los turcos. Por eso Turquía se había quedado sin aliento.

Los “kemalistas” del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) se sienten amenazados por el AKP. Erdogan y los suyos cuentan con una base mucho más amplia de votantes, que incluye incluso a kurdos, y con ella arrasaron en los últimos comicios. Al mismo tiempo, defienden una idea de Estado, un concepto de República que, para quienes se sienten herederos directos de su fundador, Mustafa Kemal Atatürk, y obligados por el más alto requerimiento moral a defenderla incluso ante la misma democracia, resulta aterradora.

Entre el pasado y el futuro

Para cumplir con su labor de salvaguarda de la obra de Kemal, el CHP se mantiene firme en sus bastiones: el Ejército, la Justicia y el aparato burocrático. Arrinconado por las urnas, sus repetidos intentos de imponer por medio de la amenaza militar o judicial lo que no logra con los diputados que le corresponden, parecen reliquias de una política pasada.

Por el contrario, el AKP se presenta como un partido “democratamusulmán” al estilo de los vecinos democratacristianos, se esfuerza por implantar las reformas que le dicta Europa con vistas a un posible ingreso de Turquía en la Unión Europea, promueve una política económica liberal conservadora, ha abierto el país a las inversiones extranjeras y Turquía vive un crecimiento rasante. Erdogan y Gül han superado el miedo a los viejos sultanes del Imperio Otomano, están bien considerados en Occidente y encajan mejor con una sociedad por la que, desde Kemal, han pasado 85 años.

En Europa la decisión del Tribunal Constitucional ha sido recibida como un triunfo de la democracia y una oportunidad para la reconciliación nacional: para que los “kemalistas” recapaciten y para que el AKP se pregunte por qué no ha sido capaz de eliminar el miedo entre aquellos ciudadanos que recelan de sus medidas.

En lo sucesivo: “todas las energías han de concentrarse en retomar la modernización del país”, declaró el comisario de Ampliación europeo, Olli Rehn. Desde 2005, Turquía es oficialmente país candidato a la entrada en la UE. Su aceptación como miembro de la Comunidad provoca muchos rechazos en el Viejo Continente, entre otras cosas porque no son pocos los que dudan de su madurez democrática. Prohibir el partido que ha sido electo por el 47% de los ciudadanos no hubiera sido la mejor de las señales.