Víctimas de talidomida demandan indemnización a firma alemana
14 de octubre de 2013
Víctimas de la talidomida en España solicitaron una indemnización de 204 millones de euros (casi 280 millones de dólares) en el juicio celebrado en Madrid contra la farmacéutica alemana Grünenthal, fabricante del fármaco que causó malformaciones en miles de niños.
"Técnicamente se dan todos los requisitos para que la acción sea estimada", explicó el abogado de las víctimas, Ignacio Martínez, al término del juicio, que quedó visto para sentencia. "Ha habido un daño y hay que indemnizarlo, pero somos realistas: somos una hormiga contra un gigante", expresó con cautela.
¿David contra Goliat?
Ese gigante, el laboratorio que patentó el principio de la talidomida, solicitó una sentencia desestimatoria por considerar que los hechos han prescritos y por la dificultad de aportar pruebas medio siglo después.
Además, la representante legal de la empresa alemana criticó a los demandantes por ocultar y manipular información básica y subrayó la imposibilidad de establecer una causalidad total entre el fármaco y las malformaciones.
"La legitimidad de cualquier procedimiento podría verse seriamente comprometida" por los 50 años transcurridos desde que se produjeron los primeros casos, expresó la farmacéutica a través de un comunicado en el que también lamentó la tragedia causada.
Decenas de afectados procedentes de todo el país acudieron al juzgado de Madrid. Medio centenar pudo seguir el juicio en la sala mientras que otros permanecieron en el exterior.
Tras años de espera, ninguno de ellos quiso perderse un día histórico en el que, aunque tarde, se sentó en el banquillo de los acusados al fabricante de un fármaco que presuntamente provocó un infierno a miles de familias en todo el mundo.
Serias acusaciones
La talidomida comenzó a venderse a partir de 1957 para paliar las náuseas de las embarazadas. En 1961 se retiró del mercado alemán al comprobarse una serie de efectos secundarios, pero en España continuó recetándose varios años más, aseguró la asociación que agrupa a las víctimas.
"La empresa cursó en España la instrucción de que su personal no informara a los médicos españoles del motivo de la retirada", explicó el abogado del colectivo. "En total, se ha probado la venta de 325 kilos de talidomida, y cada pastilla contenía 0,25 miligramos".
La farmacéutica rechazó la petición de las víctimas y apostó por remitir las actuaciones al ámbito de la asistencia social a través de la Fundación Contergán, que durante años ha canalizado las indemnizaciones en Alemania.
Grünenthal recordó en su comunicado que "todos los afectados tuvieron y siguen teniendo la oportunidad de solicitar las ayudas" a dicha fundación y "recibir los mismos beneficios económicos que reciben los residentes en Alemania". Un ofrecimiento que la asociación de víctimas de España tildó de cínico.
La asociación acoge actualmente a unos 200 afectados en España, pero calcula que puede haber miles. En 2010 el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció por primera vez a una veintena a los que concedió un millón y medio de euros.
Escándalo global
Un año después, las partes mantuvieron tres reuniones con el grupo farmacéutico para intentar llegar a un acuerdo e indemnizar a los afectados. "Nos dijeron que no había dinero, pero la empresa ha reconocido que en 2012 aumentó su beneficio más de un 70 por ciento", recordó Martínez.
El cálculo de las indemnizaciones solicitadas se ha realizado en base a las otorgadas en Alemania: 120.000 euros por punto porcentual de discapacidad de los afectados. "Aunque ahora esas cifras han quedado desfasadas porque la ley se ha modificado y en Alemania cobran siete veces más", puntualizó el abogado.
"Es dinero que necesitan para comprarse una silla de ruedas, para adaptar su casa, para contratar a una persona que le ayude (...) En definitiva, para poder vivir", aseguró el letrado, quien hizo referencia a un estudio reciente que demuestra, explicó, que los afectados por la talidomida sufren un envejecimiento prematuro.
La lucha de los talidomídicos se ha extendido por todo el mundo. La sustancia se vendió en más de 50 países con más de 80 nombres comerciales. "Hay lugares donde la situación es similar a la de España, como Chile o Argentina", recordó el representante legal de las víctimas españolas.
"El principal problema de España es que no se ha podido juzgar hasta ahora", aclaró.
EL(dpa, afp)