Cuba: la ideología como juez vs. garantías procesales

Fuentes gubernamentales y de la oposición en Cuba coinciden en la detención de más de 250 personas, muchos de ellas activistas opositores. Tras las protestas, en medio de la noche y aprovechándose del corte de los servicios de internet, la policía nacional, la policía política y fuerzas de asalto de las tropas especiales antidisturbios comenzaron una estrategia ya usual en la historia cubana de la Revolución en estos casos de crisis: se detiene a los más renombrados activistas de la oposición organizada y luego se procede a la detención de otros elementos peligrosos que, en este caso, fueron visiblemente protagonistas de las manifestaciones. Método que, debe decirse, comenzó en 1961, cuando Fidel Castro tuvo la información, a través de sus servicios secretos, de que se avecinaba la invasión de Playa Girón. A partir de entonces, siempre que se siente agredida, La Habana da la orden de sacar de las calles a cualquier opositor que pueda convertirse en una fuerza desestabilizadora.

Esta táctica de control, que en sus inicios se empleó exclusivamente contra opositores y grupos políticos, se ha aplicado incluso en otros escenarios desde el surgimiento del fenómeno de protesta ciudadana hoy conocido como Movimiento San Isidro en 2020 y la exigencia de cambios hecha por jóvenes artistas e intelectuales ante el Ministerio de Cultura, en lo que se conoce como Movimiento 27N. La nueva variante hoy es impedir la salida de sus casas de estos individuos supuestamente peligrosos, en una especie de reclusión domiciliaria que dura días y semanas. No ha servido de nada que estos ciudadanos, conscientes de esta violación de sus derechos, hayan llevado reclamaciones formales antes los tribunales cubanos. En todos los casos, los propios tribunales han desestimado la reclamación como "no valida”.

La ideología se convierte en juez

Junto a esta estrategia de choque -maniatar temporalmente a los opositores, que realmente ha funcionado en todos los casos conocidos-, el poder judicial en la isla, controlado desde los primeros días por gestiones directas del propio Fidel Castro hasta que pudo confiar esa alta responsabilidad al Partido Comunista de Cuba, ha ido generando leyes nuevas, modificando otras y acoplando a los designios ideológicos el accionar de los organismos que imparten la ley.

En los primeros años, para justificar los fusilamientos masivos que según las cifras de instituciones más conservadoras como Cuba Archivo ascendieron a 7.101 casos, se modificó la anterior pena de prisión y cadena perpetua y se incluyó la pena de muerte en la llamada Ley 988. El ascenso del descontento político y la formación de grupos organizados de la oposición, llevó al régimen a crear delitos como "propaganda enemiga”, "colaboración con enemigos de la Revolución”, "difusión de información sensible a la Seguridad nacional”, o, incluso para sus propios militares, "traición a la patria”, ésta última sancionada con la pena de muerte. Una de las más controvertidas figuras legales, que atentan en muchos casos contra los más elementales derechos humanos, es la actualmente llamada "peligrosidad predelictiva”, por la cual se puede condenar a penas de prisión a simples sospechosos, casi todos ellos pertenecientes a grupos de la sociedad civil opositora.

Súmense además las violaciones constantes de los procedimientos legales y la intervención de la policía política. Por poner un ejemplo, muchos de los opositores condenados a penas de prisión en los últimos años son acusados por supuestos delitos comunes, pero son juzgados en instituciones y por tribunales de la policía política. Una clara señal de que tanto las leyes como los tribunales responden fielmente al poder político y a una sola ideología, como muestra clara de su falta de independencia.

Díaz Canel y su cuestionable promesa

Grupos defensores de los Derechos Humanos en Cuba aseguran que la cifra de detenidos sobrepasa las dos mil personas. En las últimas horas han ido saliendo de prisión intelectuales, artistas, periodistas y opositores que dan fe de que las cárceles en las estaciones de policía en las cuales permanecieron prisioneros durante estos días están llenas de gente simple de pueblo. Muchos de los liberados ya han sido condenados a multas por "desorden público” o esperan en sus casas por un proceso judicial que saben no será nada favorable para ellos.

Entre tanto, la Fiscalía de Cuba y el Ministerio del Interior han anunciado juicios rápidos y condenas que pueden llegar hasta 20 años de cárcel en los casos más críticos. La lista de acusaciones incluye los delitos de desorden público, instigación a delinquir, robo con fuerza, resistencia, atentado, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemias, porque la justicia del régimen considera un agravante que las manifestaciones hayan ocurrido en medio de la pandemia del Covid-19.

A pesar de la existencia de un Código Penal que define los delitos, incluidos aquellos que son cuestionables por su tácita esencia ideológica, las garantías procesales que promete Díaz Canel son cuestionables. Primero, por la ideologización del proceso judicial que se aplica ahora mismo; segundo, porque incluso los abogados defensores responden al único poder, que es justo quien condena, y tercero porque figuras como "actos de vandalismo, de delincuencia y de vulgaridad" se asocian a conveniencia de la propaganda política con figuras como "actos promovidos por mercenarios y contrarrevolucionarios".

La estrategia es clara. Por un lado, la televisión estatal intenta confundir a esa parte del pueblo que no llegó a ser testigo directo de las manifestaciones y les muestra imágenes de manifestantes tirando piedras a los policías, robando en tiendas y volcando una patrulla, pero no las imágenes mayoritarias de las marchas pacíficas pidiendo "Libertad", y mucho menos muestra las sensibles y horrorosas grabaciones de la represión violenta de los militares contra su propio pueblo. Por el otro lado, el canciller Bruno Rodríguez Parilla niega que en Cuba haya hambre; el Primer Ministro elude la responsabilidad del país con "nuevas medidas” que dejan a los exiliados cubanos la carga de llevar al país lo que falta, sin aranceles aduaneros, en un plazo que termina el 31 de diciembre; y el mismo presidente Díaz Canel que dijo "la orden de guerra está dada contra los enemigos de la Revolución”, ahora aparece con un discurso de paz y consenso, y promete garantías procesales. Cinismo en grado puro. El pueblo cubano tendrá que elegir entre tragarse este nuevo anzuelo o seguir protestando.