Guardia Nacional mexicana: el desafío de la seguridad y el respeto a los derechos humanos

Con la asesoría de la ONU, la nueva Guardia Nacional de México busca dar garantía de respeto a los derechos fundamentales. ¿Cómo debe ser la formación de los efectivos encargados de prevenir y combatir el crimen?

El acuerdo firmado entre Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para la asesoría y formación de la nueva Guardia Nacional de México llegó en medio de una serie de críticas de organizaciones internacionales y nacionales sobre los riesgos de una fuerza militarizada.

A pesar de que, siendo candidato, AMLO prometió sacar a los militares de las calles, esta nueva Guardia, aunque dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, estaría integrada en una primera etapa por efectivos provenientes mayoritariamente del ejército y la Marina.

La ONU la capacitará en materias técnicas y de formación en su tarea de "prestar servicios de protección a la ciudadanía en un marco de respeto a los derechos humanos”, como indicó el gobierno en su convocatoria a jóvenes de entre 18 y 30 años, para combatir a la mafia organizada, el narcotráfico y la delincuencia. Se espera reclutar unos 20 mil efectivos este año, para llegar a un contingente de unos 120 mil en 2021.

La ONG Human Rigths Watch alertó en su momento que la presencia militar no sólo no ha reducido la violencia, sino que puede haber contribuido al aumento de los homicidios. Según el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México, "la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un considerable aumento de las violaciones a derechos humanos”.

Necesidad de una sólida formación

Tras la controversia, el acuerdo firmado con la ONU-Derechos Humanos es una buena señal, indica a DW Luicy Pedroza, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Berlín. "Es muy positivo también que el gobierno invitara a los principales críticos a dar sus observaciones en el parlamento, lo que ayudó a darle la forma final al proyecto, y se determinó que estará bajo un mando civil. Sin embargo, hay algunas señales preocupantes”, agrega.

Una de ellas es el nombramiento al mando de la Guardia Nacional del general Luis Rodríguez Bucio, quien pasará a retiro en los próximos meses. A pesar de sus reconocidos méritos académicos y profesionales, su presencia y la de efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas genera desconfianza.

"La cuestión de la militarización hay que verla desde muchos aspectos y no solamente concentrarse en el mando. Tiene que ver con el tipo de capacitación que recibe el personal, pero también con el tipo de garantías que obtiene. Si ellos cometen abusos, ¿se regirán por la justicia militar o la civil? Ese es un aspecto muy importante”, asegura Pedroza.

Michelle Bachelet y Andrés Manuel López Obrador: acuerdo de asesoría para formar la nueva Guardia Nacional de México.

La capacitación y la formación de la ONU es clave. "Vemos con buenos ojos la asesoría de la ONU, pero no es suficiente. Nos da un poco menos de temor, pero difícilmente vamos a tener garantías o certezas. El mando y la formación principal es militar, sus tácticas son combatir y abatir, y no prever y detener”, advierte Grace Fernández, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en diálogo con DW.

Fernández tiene dudas de que personas entrenadas para enfrentar al enemigo estén preparadas para proteger a la comunidad. La activista recuerda que "desde el 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón dio la orden de abatir el crimen organizado, en medio de este fuego cruzado en las calles fallecieron muchas personas de la sociedad civil”.

Por la justicia y la verdad

El acuerdo con la ONU va más allá de la entrega de asesoría técnica y de formación de los efectivos en materia de respeto a los derechos humanos. Pedroza destaca que "el Alto Comisariado en Derechos Humanos no sólo va a acompañar a la Guardia Nacional, sino también el proceso legislativo de las leyes secundarias que van a definir los detalles. Y eso es una muy buena señal”.

Hasta ahora, muchos detalles no son claros, en tanto falta elaborar estas leyes regulatorias. Entre otros temas, la rendición de cuentas y cómo asegurar que eventuales delitos cometidos por miembros de la Guardia no queden en la impunidad. Por ello es muy positiva la asesoría de una organización internacional, destaca la investigadora.

La integración de efectivos militares a la nueva Guardia Nacional genera temor de que persista la militarización del país.

La ONU debiera contribuir a limitar el exceso de violencia y asegurar la proporcionalidad en el uso de la fuerza, opina Fernández: "Bajar los índices de violencia no puede ser a cualquier costo. Ojalá nos equivoquemos, y este nuevo cuerpo dé los resultados, cuidando los procederes”.

La vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos considera que "el enfoque de derechos humanos no sólo debería proteger a la sociedad civil, lo que es muy importante, sino también salvaguardar la vida de quien está delinquiendo para iniciar procesos de justicia que lleven finalmente a la verdad. Si quienes mataron en los últimos diez años hubieran ido a juicio y entregado información, muchos de los desaparecidos ya estarían de regreso en sus casas”.

Dignificar la carrera policial

Pedroza indica que, con la convocatoria a efectivos de las Fuerzas Armadas, "el presidente quiso que los nuevos elementos de la Guardia sean, por su formación, incorruptibles y muy disciplinados”. Sin embargo, reconoce que puede ser un arma de doble filo, en cuanto tienen una justicia paralela a la civil.

Grace Fernández, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en un acto de familiares de víctimas del crimen en México.

La vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos advierte que tampoco los uniformados se libran de caer en el crimen, lo que implica graves riesgos. Junto con recordar a su hermano, Dan Jermeel Fernández, quien fue desaparecido hace diez años por efectivos militares, observa que "la falta de capacidad de las autoridades civiles de cuestionar y enjuiciar a los militares ha complicado mucho el caso”.

Otro de los aspectos en que acompañará la ONU es "la elaboración de indicadores de desempeño, y de transparencia”, destaca Pedroza. El acuerdo, en definitiva, busca ayudar a dignificar la formación policial. "Nadie confía en la policía y este oficio se ha vuelto muy poco digno, sin reputación, respeto ni autoridad”, lamenta la investigadora.

Las tareas, sin embargo, van más allá de la Guardia Nacional, subraya Pedroza: "Va a ser un actor más, que esperamos que sea eficiente y eficaz en su respeto de los derechos humanos y su tarea de seguridad interior, pero eso no va a bastar para solucionar el problema de la procuración de justicia, con la gran escasez de jueces, casos rezagados y de corrupción”.

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Periodistas asesinados en México

Impunidad casi total

Se calcula que más de 110 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. En este año ya son 3. Solo 48 casos han sido investigados y solo tres han resultado en sentencias. La impunidad para los asesinos de periodistas en México ha sido escabrosa.

Periodistas asesinados en México

Leobardo Vázquez - México

El periodista mexicano de 42 años trabajaba para el sitio de noticias digitales Enlace de Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz. También fue corresponsal de diversos diarios. El 22 de marzo de 2018 fue matado a balazos. Es el periodista número 21 asesinado en los últimos siete años en Veracruz, considerada una de las entidades más letales para los comunicadores.

Periodistas asesinados en México

Gumaro Pérez - Veracruz

El periodista fue asesinado el 19 de diciembre en una escuela de primaria donde estudiaba su hijo. Según la Fiscalía, Pérez hacia parte de una banda de delincuentes organizada. El asesinato de Pérez fue condenado por organizaciones como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que pidió esclarecer los hechos.

Periodistas asesinados en México

Edgar Daniel Esqueda - San Luis Potosí

Según la organización Artículo 19, hasta el mes de octubre de 2017 habían sido asesinados 11 periodistas en todo el territorio mexicano. El 5 de octubre, el reportero Daniel Esqueda Castro fue secuestrado y asesinado en San Luis Potosí. Era reportero gráfico y, según testigos, fue detenido de manera ilegal por sujetos vestidos de policías.

Periodistas asesinados en México

Luciano Rivera - Baja California - Cándido Ríos - Veracruz

El 31 de julio de 2017, en Playas de Rosarito fue asesinado a balazos el periodista Luciano Rivera. El crimen causó que el gremio periodístico protestara a fin de acabar con la impunidad (foto). El 22 de agosto, el periodista Cándido Ríos fue asesinado en Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Ríos se había acogido al mecanismo de protección para periodistas, ante amenazas de un exalcalde municipal.

Periodistas asesinados en México

Edwin Rivera Paz - Acayucan

Edwin Rivera Paz fue asesinado el 9 de julio en el barrio San Diego del municipio de Acayucan. Rivera Paz era hondureño y permanecía en el estado de Acayucan a la espera de recibir el estatus de refugiado, ya que había huído de Honduras tras el asesinato de uno de sus colegas periodistas. Mientras tanto adelantaba otros reportajes fotográficos de la vida de refugiados en esta región.

Periodistas asesinados en México

Salvador Adame - Michoacán - Jonathan Rodríguez - Jalisco

Familiares del director de Canal6TV se manifestaron tras el secuestro de Adame, ocurrido el 19 de mayo. Al mes siguiente, los restos del comunicador fueron encontrados, según versión de las autoridades. Artículo 19 no da por confirmada esta versión. En el estado de Jalisco, el 15 de mayo había sido asesinado otro reportero: Jonathan Rodríguez, del diario El Costeño. Rodríguez recibió 25 balazos.

Periodistas asesinados en México

Javier Valdez (foto) - Sinaloa - Maximino Rodríguez - BCS - Filiberto Álvarez - Morelos

El 15 de mayo de 2017 fue asesinado en Culiacán Javier Valdez, reportero y fundador del semanario RíoDoce. Valdez también había escrito libros sobre periodistas asesinados en todo México. Antes, en abril, el columnista Maximino Rodríguez fue ejecutado en Baja California Sur, y el reportero de radio Filiberto Álvarez, en Morelos.

Periodistas asesinados en México

Miroslava Breach - Chihuahua

Reportera. Corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada. Sus reportajes hablaban de corrupción y violaciones de los derechos humanos en ese estado del norte de México. Fue asesinada el 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua.

Periodistas asesinados en México

Ricardo Monlui Cabrera - Veracruz

Ricardo Monlui fue asesinado el 19 de marzo a la salida de un restaurante en el que había estado cenando junto a su esposa y su hijo. Monlui trabajaba en el estado de Veracruz, una de las regiones más peligrosas de México para realizar el oficio periodístico. También era director del diario impreso El Político.

Periodistas asesinados en México

Cecilio Pineda - Altamirano - Guerrero

Cecilio Pineda era director del periódico regional “La Voz”. Fue asesinado en Altamirano, Guerrero, el día 2 de marzo por un grupo de armados. Pineda había denunciado en sus redes sociales los vínculos entre el gobierno de Héctor Astudillo Flores, político mexicano y gobernador de Guerrero, y el líder del grupo delictivo de “Los Tequileros”, Raybel Jacobo de Almonte.

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