Irán ejecuta al destacado disidente Ruhollah Zam
12 de diciembre de 2020
Irán ejecutó el sábado (12.12.2020) al opositor Ruhollah Zam tras la confirmación de su condena a muerte por su papel en las protestas contra el poder iraní en 2017 y 2018, informó la televisión estatal. "El contrarrevolucionario" Zam fue colgado en la mañana tras la confirmación de su sentencia por la Corte Suprema debido a la "severidad de los crímenes" perpetrados contra la República Islámica, precisó la televisión.
La Corte Suprema de Irán confirmó el martes la sentencia de muerte de Zam, capturado en circunstancias todavía por determinar en 2019 por los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país, tras pasar años en el exilio en Francia. Su detención se había anunciado en octubre de 2019, pero Irán no especificó el lugar ni la fecha de los hechos, acusando al opositor de unos 40 años de estar "dirigido por la inteligencia francesa y apoyado" por los servicios secretos de Estados Unidos e Israel.
Zam, que tenía el estatuto de refugiado en Francia, dirigía un canal (Adamnews) en la plataforma de mensajería cifrada Telegram y fue condenado por desempeñar un papel activo, a través de este medio, en las protestas del invierno de 2017-2018. Sus publicaciones en Amadnews tenían más de un millón de seguidores. Aunque fue suspendida por el servicio de mensajería Telegram en 2018 por supuestamente incitar a la violencia, luego reapareció con otro nombre.
Al menos 25 personas murieron en los disturbios que afectaron a decenas de ciudades iraníes entre el 28 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018. Teherán describió ese movimiento de protesta contra el alto costo de la vida como una "sedición" que rápidamente tomó un giro político.
En junio, la autoridad judicial anunció que el tribunal revolucionario de Teherán había "considerado que los 13 cargos [contra Zam] equivalían al cargo de 'corrupción en la tierra' y, por lo tanto, impuso la pena de muerte". Hijo de un clérigo chií reformista, Zam huyó de Irán y se le dio asilo en Francia. Este país y grupos de derechos humanos han rechazado la decisión del Tribunal Supremo.
lgc (afp/reuters)