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Líderes en Colombia: "Asesinar sigue saliendo gratis"

Mirra Banchón
24 de enero de 2020

Los asesinatos en Colombia no cesan. ¿Implementar las instituciones de investigación estipuladas en los Acuerdos de Paz avalados internacionalmente sería una salida?

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Belgien Demo gegen Gewalt in Kolumbien, Brüssel
Imagen: DW/Mirra Banchon

"A mis compañeros y a mí nos queda claro: cuando te llega la amenaza, poco después te matan. A todos los líderes del Pacífico que han amenazado, los asesinaron poco después”, contó a DW Leyner Palacios, líder comunitario de Bojayá.  Fue amenazado a comienzos de año; le dieron dos días para abandonar su región.

"En la zona del Pacífico el conflicto se ha agravado. En Cauca, Tumaco, Buenaventura, Chocó y Guapi los líderes sociales están en una situación de mayor vulnerabilidad. La presencia del grupos del ELN, de las disidencias de las FARC, de las AGC (las Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la misma fuerza pública hace una combinación perfecta para agredir la labor de los líderes cuando denuncian los atropellos que sufren las comunidades”, declara Palacios.

¿Cifras para todos los gustos?

Con respecto a las cifras hay mucha confusión. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia cifra en 13 los asesinatos verificados. Otros siete estarían por confirmarse. No obstante, la Fiscalía habla de solo un caso.

Leyner Palacios, Vertreter der Opfer des Konflikts in Kolumbien
Leyner Palacios, líder social de Bojayá, amenazadoImagen: Oidhaco

"Esa mirada reduccionista banaliza la problemática. OACNUDH tiene la metodología de ir verificando en tiempo real si la persona tenía el perfil de defensor o líder y entrega la información a la Fiscalía. Que ésta haya verificado hasta ahora solo uno, no quiere decir que en ocho días o un mes no sean verificados todos. No puede descartarlos”, explica a DW Diana Sánchez, directora del Programa Somos Defensores.

"Por otro lado, detectamos una tendencia a desestimar los asesinatos. Hace unos años se explicaban por problemas pasionales, de linderos. Luego fueron los cultivos de coca y el narcotráfico. Ahora dicen que no eran líderes sociales ni defensores de derechos humanos”, agrega Sánchez.

En la Cumbre de Davos, el presidente de Colombia, Iván Duque, se declaró muy preocupado por esta grave situación en su país, de la cual sería responsable el narcotráfico.

"Seguramente hay muchos que mueren a manos de actores armados vinculados con el narcotráfico. Ese es el motor de la guerra y la conflictividad. Sin embargo, al gobierno se le olvida cuál es el papel del Estado. Si ha crecido el narcotráfico, la disidencia, los paramilitares y todos los grupos armados sí es responsabilidad del Estado, porque no hace lo que debe hacer para controlar y desmantelar esos ejércitos privados”, acusa Sánchez.

Paz avalada internacionalmente

¿Cómo es posible que en un país que firmó Acuerdos de Paz avalados por la comunidad internacional, la Unión Europea incluida, se hayan apagado, 107 vidas de líderes sociales rurales en 2019, y desde la firma de la paz la de 173 excombatientes?

"Éste es uno de los temas que más preocupa en las diferentes instituciones europeas. Y lo tratamos constantemente”, explica a DW Hendrine Rotthier, especialista de OIDHACO (Oficina de Derechos Humanos- Acción Colombia), una plataforma que reúne a 35 organizaciones europeas y varias plataformas colombianas.

"Esas cifras se explican, en parte, porque la impunidad que reina pasa el mensaje, voluntario o involuntario, de que asesinar es gratis. No pasa nada. No hay consecuencias. Y no es que no se tenga capacidad de investigación, ni fondos, ni apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea para la capacitación. Es falta de voluntad política para investigar completamente y llegar hasta el autor intelectual”, afirma Rotthier.

La falta de implementación de las instituciones previstas en los Acuerdos de Paz es otra de las explicaciones que dan las especialistas. "Tanto la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad como la Unidad de Investigación tienen el potencial de contribuir al desmantelamiento de las estructuras criminales responsables de ataques y asesinatos. Pero apoyarlo no está, en realidad, en las prioridades del gobierno”, añade Rotthier. 

"La UE, garante de la implementación de los acuerdos, debe seguir diciéndole al gobierno que la situación no es aceptable: que un país que quiere transitar hacia la paz y quiere que llegue más inversión extranjera debe implementar la Unidad de Investigación de la Fiscalía para que disminuya la impunidad”, agrega.

Diana Sánchez Lara
Diana Sánchez, directora de Somos DefensoresImagen: DW/M. Banchón

Mientras tanto, y aunque oficialmente se afirma que hay un 60% de esclarecimiento, la criminalidad sigue creciendo en el Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó, sur de Córdoba, norte de Antioquia. "Fue terriblemente doloroso tener que dejar el Chocó”, dice Palacios, que acompañó al expresidente Juan Manuel Santos a recoger el premio Nobel de la Paz en representación de las víctimas del conflicto y cuya situación actual ha llegado a conocimiento del propio presidente Duque. 

"La Unidad Nacional de Protección ha tomado medidas. Pero tenemos mucha desconfianza y hemos salido del territorio”, dice Palacios. En su opinión, la salida está en enfrentar el desafío de la búsqueda de la verdad, en el diálogo con los grupos armados y en el respeto del derecho a la salud, la educación y la vivienda. "No queremos tener que salir desterrados”. concluye Palacios.

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