La Justicia española obliga a cursar una asignatura controvertida

Tras más de un año de polémica y discordia en España, el Tribunal Supremo sentenció que la asignatura escolar Educación para la Ciudadanía, introducida por el Gobierno socialista para fomentar valores ciudadanos y constitucionales, deberá ser cursada obligatoriamente por los alumnos.

No cabe la objeción de conciencia en este tema, según la decisión del Supremo. La materia comenzó a impartirse en algunas regiones en septiembre de 2007 y a partir de ahí su enseñanza fue extendiéndose a al resto del país.

La sentencia pone fin "a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla política", manifestó la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, tras conocer la noticia. Asociaciones de padres católicos anunciaron un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Desde que se anunció la introducción de la nueva asignatura en el temario escolar, el opositor Partido Popular (PP) y la Iglesia católica se mostraron contrarios. La Iglesia llegó incluso a llamar a la desobediencia civil a través de su emisora, la cadena Cope, y de sus máximos representantes. Y desde la formación conservadora se aplaudió a los padres que decidieron hacer objetar a sus hijos.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se comprometió a eliminarla si ganaba las elecciones del pasado marzo de 2008, en las que finalmente José Luis Rodríguez Zapatero revalidó su victoria.

"Si no cabe la objeción, hay obligación de asistir a clase", destacó la ministra de Educación, aludiendo así, aunque sin citarlas por su nombre, a las comunidades autónomas gobernandas por el PP que amparan a los objetores. Hay que "reflexionar y sacar consecuencias", instó.

l argumento esgrimido en contra de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, como se llama la asignatura en cuestión, es que supone una "imposición" de la formación moral y un "atentado a la libertad".

Por el contrario, el Tribunal Supremo español considera que la materia "no alcanza a lesionar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que deseen". De los 30 magistrados que conforman la sala de lo Contencioso-Administrativo, 22 se pronunciaron en contra de la objeción de conciencia y siete, a favor, mientras uno no votó al estar enfermo. Los magistrados deliberaron durante más de dos días. (dpa)