México-Alemania: Heckler & Koch en el banquillo de los acusados

Comienza el juicio contra seis altos directivos del fabricante de armas Heckler & Koch, acusados de violar las leyes alemanas y sobornar a Instituciones mexicanas en un negocio de venta de armas a México.

En medio de una gran expectativa mediática y bajo fuertes medidas de seguridad comienza este 15 de mayo en el Tribunal Regional de Stuttgart el juicio penal contra seis altos ejecutivos del fabricante de armamento Heckler & Koch (H&K). Son acusados de haber vendido miles de fusiles tipo G-36 a México, a sabiendas de que irían a parar a regiones para las que no tenían permiso de exportación por parte de las autoridades alemanas, violando así las leyes alemanas de control de armamento de guerra y la ley de exportaciones. También responderán a acusaciones de corrupción en relación a presuntos sobornos que pagaron al general de división Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, entonces director de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

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El laureado activista antiarmamentista Jürgen Grässlin, que desde hace décadas investiga los negocios turbios de exportaciones alemanas de armas demandó al fabricante en abril de 2010. Recibió la información de un ex empleado de H&K, testigo de los hechos. El "whistelblower” viajó varias veces a México para entrenar a miembros de las fuerzas de seguridad en el uso de los fusiles y renunció a su empleo por razones de conciencia. Es la principal fuente en las investigaciones de Grässlin, que también recibió documentos que prueban las declaraciones de su testigo.

Sede del fabricante de armamento Heckler & Koch en la localidad de Oberndorf junto al Neckar, en la Selva Negra.

Junto con otros activistas pro derechos humanos y pacifistas, Grässlin lanzó hace unos días la plataforma digital multilingüe "Global Net- Stop The Arms Trade” (www.gn-stat.org), que ofrece detallada información sobre la participación de empresas alemanas en guerras y conflictos armados. También figura el caso de Heckler & Koch en México, con documentos e información sobre los involucrados, entre ellos, el entonces director de la DCAM.

Plantón ante el tribunal

"El 15 de mayo comenzaremos un plantón ante el Tribunal de Stuttgart en donde mostraremos fotografías de las víctimas de los fusiles Heckler & Koch en México", afirma Grässlin, galardonado con el Premio de la Paz de Aquisgrán 2011 por su lucha contra la industria armamentista.

"Acompañaremos los 25 días que durará el proceso y publicaremos un protocolo que estará disponible en nuestra página en ocho idiomas. Los seis funcionarios de la empresa fabricante de armas deberán responder ante los jueces por las acusaciones de haberse comportado como una red criminal al exportar estas armas a México”, afirma Grässlin.

Fusil de asalto tipo G-36, de uso del Ejército alemán.

Lo explosivo del caso es que los altos ejecutivos del fabricante que responderán ante la Justicia alemana tuvieron cómplices en el Ministerio de Economía y el Ministerio del Exterior, según Grässlin, quien dice tener documentos internos de la empresa que revelan que las autoridades le ayudaron activamente a cerrar el negocio. Las investigaciones contra los funcionarios de gobierno fueron suspendidas.

"Cuando en 2010 presenté una demanda judicial contra 9, posteriormente contra 15 responsables de Heckler & Koch, nunca me imaginé que no sólo sería una lucha contra la industria de armamento, sino contra la política que mueve los hilos tras bambalinas. Y que sería incluso una batalla contra una parte de la Justicia alemana. En particular contra la Fiscalía de Stuttgart que hizo mucho para desactivar el caso a favor de Heckler & Koch”, afirma Grässlin.

La Fiscalía de Stuttgart, en tela de juicio

Según él, la demanda que interpuso el activista contra funcionarios del Ministerio del Exterior y del Ministerio de Economía fue manejada de tal forma que se logró la prescripción de los delitos. "La investigación fue abierta formalmente en octubre de 2015 y cerrada en noviembre de ese año, de manera que pasaron los plazos de prescripción del delito, pese a que comprobamos ante la Justicia que se trató de una tríada de la muerte integrada por Heckler & Koch, el Ministerio del Exterior y el de Economía. Ahora sólo serán enjuiciados los empleados de Heckler & Koch”, señala Grässlin.

El activista antiarmamentista Jürgen Grässlin.

Entre 2003 y 2011 Heckler & Koch vendió 9.472 fusiles tipo G-36 a México. Dichos fusiles de asalto eran de uso del Ejército alemán. Se estima que unos 4.767 fueron a parar a los estados de Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua. Las autoridades alemanas vetaron la exportación a dichos Estados debido a las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Según los documentos que recibió Grässlin, las armas fueron vendidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que a su vez las distribuyó en esos cuatro Estados en donde se había prohibido su suministro. El empleado de H&K que reveló a Grässlin lo sucedido, estuvo varias veces en México y fue el encargado de entregar los suministros de armamento, junto con el entonces representante en México de Heckler & Koch.

"Según los documentos que tenemos, el general Humberto Aguilar en su calidad de director de DCAM pidió dinero por cada arma que vendía Heckler & Koch, 25 dólares por cada fusil tipo G-36 y 20 dólares por cada pistola”, afirma Grässlin. El negocio de venta de armas a México comenzó un año antes de la llegada del presidente Felipe Calderón que declaró la guerra contra el narcotráfico y desató una guerra encubierta en el país con cientos de miles de muertos y desaparecidos. En el transcurso en el que tuvo lugar el negocio, entre 2006 y 2009, por lo menos seis generales de la SEDENA sabían del proceso de selección y la compra de metralletas de asalto tipo G36V, G36KV, G36C, por un valor de más de 13 millones de euros, según los documentos que publica Grässlin.

Grässlin publicó en 2013 el Libro negro del comercio de armas.

"Enclave autoritario dentro del Ejército mexicano"

El investigador mexicano de la Universidad de Oxford Carlos Pérez Ricart, que investiga desde hace años el negocio de armas de Heckler & Koch, afirma por su parte que hay una gran opacidad en la manera con la que la DCAM compra, vende y distribuye armas. "La DCAM es una de las instituciones más obtusas y poco transparentes, no sólo del Ejército, sino de todo el sistema político en México. La DCAM no le dice a nadie lo que compra, ni cuanto compra, ni porqué, ni adónde distribuye lo que compra. No se sabe nada de lo que pasa en la DCAM. No hay ningún órgano civil que regule la forma en la que la DCAM trabaja, como parte de la SEDENA. Es un enclave autoritario dentro del Ejército Mexicano”, afirma Pérez Ricart.

El investigador recuerda que hubo una intensa presión por parte de Alemania, una presión secreta, que se tradujo en que la SEDENA recogió armas en esos Estados para los que no había un permiso legal. "Tengo constancia de que se recogieron en Guerrero, en Chihuahua y en Chiapas. No está claro si se recogieron en Jalisco, porque la DCAM no da datos sobre eso”, indica. La presión alemana no se hizo pública, según el investigador, porque hubiera significado revelar que un gobierno extranjero "está dando órdenes”.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sigue sin esclarecerse. Testigos afirman que la policía municipal de Iguala utilizó fusiles G-36, entre otras armas, durante su detención.

Pérez Ricart explica que en México son las policías estatales y municipales las que le piden al Ejército que compre las armas, pero son las fuerzas policiales mismas, sobre todo las policías estatales, las que las pagan. "El Ejército les decomisó las armas que habían sido pagadas por las propias policías, los pasaron a "fregar”, porque no les devolvieron ningún arma después. Se sabe de algunos casos de policías en Chihuahua que estaban muy enojados”, cuenta.

El investigador señala que Alemania ejerce una influencia importante en México y que a raíz del escándalo de venta ilegal de armas de Heckler & Koch el país europeo dejó de vender armas a México. "Desde 2011 Alemania dejó de vender armas de guerra al gobierno mexicano. Aunque empresas como Sig Sauer, que tienen subsidiarias en Estados Unidos, han seguido vendiendo armas a México y a Colombia”. El investigador señala que Berlín podría hacer algo para que las subsidiarias de sus empresas no vendan armas y de esta manera presionar al gobierno mexicano para que mejore las condiciones de derechos humanos en Guerrero y en otros estados del país.

La cronología del Caso Ayotzinapa

La noche del ataque

Iguala, Guerrero. En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la localidad de Ayotzinapa, son emboscados mientras iban en varios autobuses que habían retenido. Indicios y testimonios apuntan a que policías municipales, en colaboración con bandas criminales, perpetraron los ataques.

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Se enciende la protesta

27.09.2014. Como consecuencia del ataque, 43 estudiantes normalistas desaparecen, y se presume que han sido asesinados. De inmediato, familiares de las víctimas y grupos estudiantiles comienzan una serie de protestas, exigiendo que los jóvenes aparezcan con vida. Dos días más tarde, el 29 de septiembre, 22 policías municipales son detenidos en relación con estos hechos.

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La PGR atrae el caso

04.10.2015. La Procuraduría General de la República (fiscalía mexicana) atrae las investigaciones del caso, que queda en manos de la dependencia federal. En menos de 20 días son detenidas otras 52 personas, entre ellas, el líder del grupo criminal "Guerreros Unidos", Sidronio Casarrubias. En la imagen, el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

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Presuntos implicados

10.2014. Según la PGR, Sidronio Casarrubias, líder de "Guerrero Unidos", señala a María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca (ambos en la foto), como cómplice de actividades criminales. El síndico y el secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, también habrían participado en actividades ilícitas, de acuerdo con la misma fuente.

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Fosas clandestinas

04.10.2014. Fuerzas federales hallan seis fosas clandestinas en las afueras de la ciudad de Iguala. En un principio se presume que los restos corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos.

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Marcha global

08.10.2014. Organizaciones civiles y familiares de los desaparecidos convocan a una gran marcha nacional e internacional. Exigen claridad en la investigación y, sobre todo, resultados. En la imagen, la movilización frente a la embajada mexicana en Buenos Aires.

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Queman Palacio de Gobierno

13.10.2014. Manifestantes acuden a la sede del gobierno de Iguala para demandar de nuevo la localización de los estudiantes desaparecidos, y protestar contra las autoridades locales. Incendian el edificio gubernamental y causan destrozos en el mismo.

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Versión de Solalinde

20.10.2014. El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de migrantes, revela una versión contada por testigos, según la cual los 43 estudiantes de Ayotzinapa habrían sido asesinados y calcinados. No proporciona pruebas.

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Implican a Abarca y Pineda

22.10.2014. La PGR presenta cargos contra José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, como probables responsables de la desaparición y posible asesinato de los 43 normalistas. El alcalde de Iguala y su esposa se encuentran "ilocalizables" en ese momento.

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Reunión con Peña Nieto

29.10.2014. Más de un mes después de ocurrida la tragedia, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con familiares de los estudiantes desaparecidos. Tras varias horas de encuentro a puertas cerradas, ambas partes firman un acuerdo de diez puntos, entre los que destaca la formación de una comisión mixta que audite las investigaciones realizadas por la PGR. Esto no acaba con las protestas.

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Detenidos

04.11.2014. Tras unas semanas de permanecer prófugos, el alcalde de Iguala y su esposa son detenidos en Iztapalapa, Distrito Federal. El operativo se realiza sin violencia, y la TV muestra imágenes de la pareja, en aparente calma, en el momento en que es detenida.

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Fuego en Palacio Nacional

08.11.2014. Unos 20 manifestantes encapuchados derriban las vallas de seguridad de los alrededores del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, y prenden fuego a la puerta principal del histórico edificio. Los disturbios se registran al finalizar una multitudinaria marcha para exigir el retorno con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.

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"Ya me cansé"

07.11.2014. En procurador Jesús Murillo Karam ofrece una conferencia de prensa e informa que, según testimonios y confesiones recabados, los estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en la fosa de un basurero de Cocula, cerca de Iguala. Al final de dicha conferencia pronuncia su famosa frase "ya me cansé", que prende aún más la indignación.

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Primer identificado

06.12.2014. Peritos forenses argentinos que trabajan en la identificación de los restos encontrados cerca de un depósito de basura en Cocula determinan que una de las piezas que llegaron a sus manos pertenece a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero.

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Alemania, consternada

20.01.2015. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, manifiesta la "consternación" de Alemania por el crimen de los estudiantes y asegura a su homólogo mexicano, José Antonio Meade, que Berlín "ayudará en el esclarecimiento de lo ocurrido en la medida de los posible, por ejemplo en la identificación de las víctimas".

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La "verdad histórica"

27.01.2015. Murillo Karam comparece de nuevo ante la prensa y da a conocer las conclusiones de la investigacion realizada por la PGR. Según la que llamó "verdad histórica", los normalistas fueron asesinados por la banda Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de un cartel rival. Los restos de los estudiantes, dijo, fueron incinerados en el basurero de Cocula.

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Expertos independientes

01.03.2015. Como resultado del acuerdo entre el gobierno y los padres de las víctimas, el primer día de marzo viaja a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) formado por la CIDH, para iniciar sus trabajos sobre el caso Iguala.

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Elecciones intermedias

07.06.2015. Más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir 1.996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados, entre ellos Guerrero. En los días anteriores, manifestantes y policías resultaron heridos en un enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

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Desencuentro

17.08.2015. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 estudiantes en México anuncian que no entrevistarán a los militares del Batallón 27 ante la imposición de hacerlo por escrito.

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Cuestionan la "verdad histórica"

06.09.2015. El grupo de expertos independientes designado por la CIDH que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dice que la versión oficial entregada por la fiscalía, que asegura que los jóvenes fueron asesinados y sus restos quemados en el basurero que aparece en la foto, es imprecisa. Aparece el tráfico de heroína como posible línea de investigación.

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Detienen a "El Gil"

17.09.2015. Medios mexicanos informan de la detención de Gildardo López Astudillo, jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quien habría jugado un papel clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi un año.

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Segundo identificado

17.09.2015. La fiscal Arely Gómez, quien sustituyó a Murilo Karam en la PGR, dice que"existen indicios que establecen posible correspondencia" entre unos de los restos y el ADN de la madre del joven Joshivani Guerrero de la Cruz, de 20 años. Forenses argentinos manifiestan dudas sobre esta versión, debido a fallas en la cadena de custodia de las pruebas.

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Tensión creciente

22.09.2015. A unos días de que se cumpla el primer aniversario de la tragedia, un enfrentamiento entre estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y policías del estado de Guerrero deja nueve heridos y un camión quemado cerca de Chilpancingo, la capital estatal. Familiares de las víctimas comienzan una huelga de hambre previa a una nueva reunión con Peña Nieto.

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