Noventa órdenes de detención contra trama corrupta española
10 de febrero de 2015
La operación se corresponde con la segunda fase de una investigación, la "operación Edu", iniciada el pasado abril a raíz de la detección de irregularidades en la concesión de ayudas públicas por parte del gobierno regional para cursos de formación dirigidos a desempleados entre 2007 y 2013.
Según versiones de prensa, el gobierno andaluz habría otorgado el dinero público a empresas encargadas de organizar los cursos, en los que se habrían falsificado partes de asistencia de alumnos y facturas con las que se justificaban gastos no realizados por valor de dos mil millones de euros.
En el "caso Ere", una causa paralela investigada también en Andalucía, por el que empresas y administraciones públicas falsificaron casos de regulaciones de empleo en las que se cobraban indemnizaciones por despido irregulares, por valor de cientos de millones de euros, la juez instructora, Mercedes Alaya, ha imputado hoy a 34 nuevas personas, también según informaciones de prensa. Por ejemplo, el diario ABC destaca que esta causa alcanza ya la cifra récord de 265 imputados.
¿Consecuencias políticas?
Desde el Ejecutivo de Andalucía destacaron hoy que la operación se centra en las empresas y no en el gobierno regional. "Se llame como se llame, quien haya defraudado un euro a la administración pública, que lo crujan", pidió hoy de forma contundente la presidenta del gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz.
El estallido del caso en abril desató la polémica en la región a poco más de un mes de las elecciones europeas. El ejecutivo de Susana Díaz acusó entonces al gobierno de Rajoy de abrir "una causa general" contra Andalucía, una de las regiones más grandes y pobladas de España y principal bastión del partido socialista.
En esta ocasión, la operación tiene lugar poco después de que Díaz anunciara un adelanto de las elecciones en la región, que se celebrarán el 22 de marzo.
LGC (dpa / ABC)