Primera huelga de jueces en la historia de España declarada ilegal

Con amplio seguimiento según los convocantes, España vive hoy la primera huelga de jueces de su historia, con la que los magistrados expresan su malestar por la sobrecarga de trabajo, el atraso tecnológico del sistema judicial y presuntas injerencias políticas en la Justicia.

El paro, considerado ilegal por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue convocado en una decisión sin precedentes por dos de las cuatro asociaciones de magistrados del país, la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI). Antes del día de huelga, la convocatoria ya dejó patente la desunión de la carrera judicial. Además, provocó un debate político y doctrinal sobre el derecho a huelga de los jueces. Según datos ofrecidos por los convocantes, unos 2.200 jueces secundaban por la mañana el paro de los 3.500 que estaban convocados a hacerlo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se opuso a la huelga, cifró en algo más de un 35 por ciento del total de los jueces los que siguieron el paro.

Las otras dos organizaciones de togados, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD), no respaldaron la huelga de 24 horas pero convocaron concentraciones y actos de protesta simbólicos a la puerta de los juzgados. Ante la falta de precedentes de una huelga judicial fueron los propios jueces los que fijaron los servicios mínimos, que limitaron a casos urgentes, fallecimientos y bodas ya previstas. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció hoy en rueda de prensa que llevará al Consejo de Ministros una ley para regular "el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos, desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga". El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coinciden en que la huelga perjudica a los ciudadanos y daña una imagen ya deteriorada de la Justicia española. dpa / Agencias