Recompensa por Maduro: un golpe de dudoso efecto

Ayer, Washington le puso precio al derrocamiento del Gobierno de Maduro: 15 millones de dólares se prometen a quien entregue al presidente Maduro, 10 millones más por Diosdado Cabello y otros 10 millones por cualquier pista que lleve a la detención de otras tres figuras claves del régimen venezolano. De alguna manera, la medida tiene parecido a la captura del capo mexicano Chapo Guzmán, aunque por su arresto solo se ofreció la mitad (8,5 millones de dólares).

En la actual operación, a Maduro se le "identificó" como jefe del Cártel de los Soles, una agrupación que desde hace años ha sido denunciada como una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, en la que se supone también la participación de oficiales militares venezolanos de alto rango. Las pruebas presentadas hasta ahora son 75 vuelos con cargas de droga de Venezuela a Honduras desde el año 2010, en los que habrían estado involucrados también los excomandantes de la guerrilla de las FARC de Colombia Iván Márquez y Jesús Santrich. En cuanto a la posible participación de autoridades hondureñas, el comunicado del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, no revela más información. Más bien se basa principalmente en la suposición de que Maduro y su régimen deliberadamente habrían usado la cocaina "como arma" para socavar la salud y el bienestar de Estados Unidos, inundando al país con droga.  

El alcance político de la denuncia 

La denuncia penal de Estados Unidos llega más como un acto de demostración de fuerza que como una decisión que ayude a desbloquear la búsqueda de una transición política en Venezuela sin que provoque todavía más daños a su población. Como consecuencia, la posibilidad de una solución negociada es cada vez más lejana: para las partes involucradas no se presentan ya incentivos, lo que solo genera más desgaste entre los venezolanos en el país. 

Del mismo modo, es de considerar que la medida llega al mismo tiempo en que Estados Unidos se enfrenta a una potencial crisis de salud pública por la pandemia del nuevo coronavirus; la gestión del presidente Trump, que ha recibido mucha crítica, ha sido rebasada por las acciones de las entidades subnacionales de su país.  

Por otro lado, los cargos obedecen también al interés de Trump por ganar simpatizantes en la campaña electoral, especialmente entre los votantes de Florida, un estado central en la lucha por los votos para su reelección. Así, lo que Trump presenta como solidaridad frente a venezolanos no es más que un nuevo intento de "máxima presión" sobre un pueblo que de por sí ya está viviendo condiciones de extrema dificultad para su sobrevivencia. Este nuevo intento de derrocamiento podría tener como efecto una mayor cohesión del grupo de poder en Venezuela, el cual sigue viviendo a expensas de la propia población y con una legitimidad perdida desde hace años. 

El Gobierno de Donald Trump continúa su destructiva lógica política frente a Venezuela y dificulta la búsqueda de una salida a su prolongada crisis: se frustraron los intentos de lograr una mayor flexibilidad ante la crisis del coronavirus y relajar las sanciones internacionales impuestas a Venezuela, así como lo había pedido la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; además, se debilitaron los diálogos en territorio venezolano para lograr un acuerdo nacional que facilite el combate a la pandemia ante la fragilidad de los sistemas sanitarios nacionales, cancelando, por ejemplo, los intentos de lograr una política fronteriza acordada entre Colombia y Venezuela para impedir la expansión del virus de un país al otro.   

Un cambio de estrategia para lograr la caída del régimen 

Con las acusaciones, Estados Unidos ha dejado atrás su anterior estrategia de promover fisuras dentro del Gobierno en Caracas y poder lograr así su objetivo de hacer caer el "sistema Maduro". Ahora, su empeño se dirige sin restricción alguna contra todos los que ocupan cargos de decisión, por lo cual se descartan definitivamente posibles acuerdos de transición ante la sensación de un juego de negociaciones con un final incierto. El Cártel de los Soles se encuentra en la mira de las Fiscalías de Florida y Nueva York, las cuales presentaron cargos contra la primera fila del actual Gobierno venezolano, incluyendo, además de Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino; el titular de Interior, Néstor Reverol; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; así como el exgeneral venezolano Hugo Carvajal y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones. Es muy probable que esta medida solo conlleve a que ellos asuman, todavía con más ahínco, la defensa de sus posiciones actuales. 

Pero ahí no terminan los efectos de las acciones de la Justicia estadounidense: para el Gobierno alemán, la medida supone también una complicación especial, ya que una de las 15 personas acusadas por Washington se encuentra el General de División y actual agregado militar en La Embajada venezolana en Alemania, Edylberto José Molina Molina, quien se había desempeñado anteriormente como subdirector de la Oficina Nacional de Antidrogas en Venezuela. (few) 

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