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¿Justicia sin paz?

5 de marzo de 2009

Por primera vez en la historia, la Corte Penal Internacional ordenó la detención de un presidente en funciones. El fallo no reemplaza una política consecuente hacia Sudán, opina Ute Schaeffer, de Deutsche Welle.

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Es como si los manifestantes quisieran poner en práctica la propaganda que cuelga en el palacio presidencial: “Un sudanés verdadero nunca se opone a su presidente cuando éste lo necesita".

Miles de personas se manifestaron el miércoles pasado (04.03.) en la capital sudanesa, Jartum, para rechazar la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente Omar al Bashir.

Tres docenas de países mayormente africanos han amenazado con desconocer a la Corte Penal Internacional de La Haya. El caso al Bashir podría poner a la comunidad internacional frente a una dura prueba.

¿Tendrá futuro la paz en el Sudán?

La lista de los Estados que no apoyan incondicionalmente a la Corte Penal Internacional será cada día más larga. Entre ellos están Estados Unidos, Rusia, la India, Pakistán, China, Israel e Irán.

La orden de detención además tendrá consecuencias para los habitantes sudaneses. La situación humanitaria es difícil y empeorará: Jartum ha expulsado del país a organizaciones humanitarias.

Y también será más difícil restablecer la paz, ya que el primer grupo guerrillero en Darfur ha anulado su participación en las conversaciones de paz. Sudán, que es conocida como región de retirada para terroristas islámicos, podría quedar aislada.

Es la primera orden de detención contra un presidente en funciones. Una pregunta surge justificadamente: ¿Acaso es posible llegar a la justicia sin haber establecido primero la paz?

La respuesta de las instituciones, como la Unión Africana y otros Estados que deberían conocer el tema: ¡No!

Tanto en Ruanda, como en la ex Yugoslavia o en Sudáfrica, se demostró que luego del fin de la guerra y el genocidio primero se selló la paz. Sólo después de conseguirla se procesó contra los responsables políticos.

Otros métodos para condenar a Al-Bashir

No hay duda: de acuerdo con los estatutos de la Corte Internacional, al Bashir es responsable de genocidio, crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es cierto que debe responder por estos crímenes. Pero ¿por qué ahora?

¿Es cierto que la orden de arresto internacional es el instrumento adecuado para acabar con la guerra y la violencia en el Sudán? Aquí aparece la duda. Había otros métodos pero la comunidad internacional no quiso comprometerse con ellos.

Entre otros estarían, por ejemplo, las sanciones de la ONU y la presión política y económica por parte de los socios comerciales importantes, con China a la cabeza

¿Y por qué los Estados Occidentales siguen enviando armas al Sudán si lo que se quiere es conseguir la paz?

¿Habrá justicia?

Nadie está a favor de la impunidad; tampoco los Estados Árabes, ni la Unión Africana, que hoy critica la orden de aprehensión. Pero es un hecho que ninguna condena puede hacerse efectiva en un país como Sudán.

Ahí se agudizan varios conflictos regionales a la vez, se cuenta con instituciones políticas débiles y existe una baja participación de la ciudadanía ante las próximas y muy importantes elecciones.

Derecho internacional entra en vigor para todos

Una corte que puede emitir fallos pero no llevarlos a cabo depende de la colaboración con los Estados afectados.

Con todo, la Corte Penal Internacional ha actuado de forma más consecuente que la comunidad internacional. Ésta no llegó a acordar acciones decididas contra Jartum, por intereses propios.

Ute Schaeffer
Ute Schaeffer, directora del servicio para África de Deutsche Welle.

La orden de detención demuestra que el derecho internacional es válido para cualquiera, incluso para un jefe de Estado en funciones. Se trata de una señal política.

Sin embargo, la decisión del Corte en La Haya no traerá ni justicia ni paz en el Sudán. Habría otras maneras para poner límites al gobierno de Jartum. En estos momentos, el fallo de la justicia penal no es el instrumento político más adecuado para promover soluciones políticas en Sudán.

Ute Schaeffer